Un hecho de extrema gravedad conmueve a la localidad de Cachi. Dos hombres mayores de edad fueron imputados por la Justicia salteña como presuntos responsables de un ataque sexual y un robo ocurrido el pasado 26 de junio, cuando una mujer fue interceptada en la vía pública, amenazada con un arma blanca, despojada de sus pertenencias y abusada.
La investigación está a cargo de la fiscal penal 3, Celina Morales Torino, quien subroga la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS). La funcionaria judicial les imputó de manera provisional los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado —por la participación de dos o más personas y por el uso de arma— en concurso real con coacción con arma (tres hechos), además de robo calificado por el uso de arma y robo en poblado y en banda.
Según la denuncia presentada por la víctima, aquella noche se retiró del domicilio de su madre en barrio Luján para dirigirse a su vivienda. En el trayecto fue sorprendida por tres sujetos que, bajo amenaza con un cuchillo, la llevaron hasta un lugar apartado. Allí le sustrajeron dinero en efectivo y su teléfono celular. Posteriormente, la mujer fue abusada sexualmente y, tras un tiempo, los agresores le devolvieron parte de sus prendas antes de dejarla ir.
La denuncia permitió dar inicio inmediato a las actuaciones. Con la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se realizaron estudios biológicos y el informe de Biología Molecular resultó clave: las muestras de ADN obtenidas de la víctima arrojaron compatibilidad con el perfil genético de uno de los imputados.
Durante la audiencia de imputación, uno de los acusados decidió prestar declaración y ofrecer su versión de los hechos, mientras que el otro se abstuvo de hacerlo, amparado en su derecho constitucional. La fiscal Morales Torino solicitó al Juzgado de Garantías en turno la prisión preventiva de ambos, considerando la gravedad de los delitos, las pruebas reunidas y el riesgo procesal que implicaría que los acusados permanezcan en libertad mientras avanza la investigación.
La calificación legal aplicada refleja la severidad del ataque, no solo por la violencia sexual ejercida, sino también por el contexto de amenazas y robo bajo coacción. En estos casos, la Justicia busca garantizar el resguardo de la víctima y la preservación de la prueba mientras se avanza en la reconstrucción completa de los hechos.
La comunidad de Cachi, un pueblo del Valle Calchaquí caracterizado por su tranquilidad, se vio sacudida por este episodio que pone nuevamente en agenda la problemática de la violencia sexual y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y protección de las mujeres en toda la provincia.
El expediente continúa en trámite y en los próximos días el Juzgado de Garantías deberá resolver la situación procesal de los acusados, mientras la Fiscalía amplía la investigación en torno a la participación del tercer sujeto señalado por la víctima.
