Las autoridades desmantelaron una banda dedicada a la falsificación de certificados docentes, un negocio turbio que ponía en jaque la transparencia de los concursos para cargos en escuelas.
Todo empezó con una auditoría interna en el Ministerio de Educación de Salta, que encendió las alarmas al detectar irregularidades masivas en la documentación presentada por cientos de maestros y profesores. Imaginate: docentes que, de la noche a la mañana, sumaban puntos extras en sus currículos gracias a diplomaturas y postítulos que nunca cursaron, todo por unos cuantos pesos depositados en cuentas sospechosas.
La trama se destapó a fines de 2025, cuando el secretario de Gestión Educativa, un funcionario clave en el manejo de las designaciones docentes, puso la denuncia en la mesa de la fiscalía especializada en delitos económicos. No era para menos: en solo 292 escuelas auditadas, saltaron a la vista 291 inscripciones con certificados dudosos, 286 registros manipulados y nada menos que 237 docentes bajo la lupa. Estamos hablando de un fraude que no solo afectaba el bolsillo público, sino que minaba la calidad educativa en la provincia, donde las juntas calificadoras comparten una base de datos única, lo que hacía que el daño se expandiera como un virus por todo el sistema.
Desde ese momento, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) tomó las riendas, con la fiscal a cargo liderando un equipo de investigadores que no dejó piedra sin remover. El 17 de diciembre de 2025, arrancó formalmente la causa, y al día siguiente ya estaban pidiendo papeles al Ministerio para cruzar datos. Lo que siguió fue un trabajo de hormiga: análisis de movimientos bancarios, pericias informáticas, chequeo de comunicaciones digitales y hasta tareas de campo para mapear la red. Los resultados fueron impactantes. La organización operaba con tentáculos en el norte y sur de Salta, y hasta tenía un brazo en San Carlos de Bariloche, Río Negro, donde se manejaba la parte digital del asunto.
¿Cómo funcionaba esta maquinita de hacer plata fácil? Todo empezaba en las redes sociales, específicamente en Facebook, donde perfiles falsos como "Cursos Educar" o bajo el alias "Ana Guzmán" enganchaban a los docentes desesperados por avanzar en el escalafón. Ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje oficial, supuestamente respaldados por instituciones serias como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Nada de clases, nada de exámenes: pagabas entre 95.000 y 360.000 pesos –una suma que en tiempos de inflación pica alto– y te llegaba un PDF con firmas escaneadas y sellos que parecían legítimos. Pero era todo humo.
Los investigadores, al revisar las bases oficiales de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos, confirmaron el engaño: la mayoría de los números de registro no existían, había duplicados idénticos, múltiples entradas para la misma persona y numeraciones inventadas de la nada. Solo en cinco casos aislados coincidían con algo real. Era un esquema perfecto para quienes querían saltarse el esfuerzo genuino de capacitarse, pero con consecuencias graves para el resto del sistema educativo en Salta, donde el puntaje docente es clave para acceder a mejores puestos o horas extras.
El operativo culminó con allanamientos simultáneos en cuatro domicilios clave: en General Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación, todos en la provincia. Allí, la policía secuestró pilas de documentación, dispositivos electrónicos y evidencias que apuntaban directo a los cabecillas. Dos mujeres terminaron detenidas, mientras que un hombre vinculado desde Bariloche sigue en la mira. Vamos a los detalles de los roles, porque esto pinta un cuadro de cómo se armaba la red.
Una de las mujeres, una docente y preceptora en un secundario de Joaquín V. González, con casa en Coronel Mollinedo, era la cara visible en el sur salteño. Su laburo era captar clientes: usaba contactos como "Prof. Vende Diplomaturas" para ofrecer títulos sin cursado, con notas ya puestas y todo listo para imprimir. Los pagos caían directo en sus cuentas, y de ahí se derivaban a otros miembros. Era el nexo territorial, la que ponía el gancho para que los docentes del distrito sur mordieran el anzuelo.
La otra detenida, con domicilio en Embarcación, manejaba el norte de la provincia. Actuaba como soporte técnico y administrativo, usando el alias "Ana Guzmán" y un número con prefijo de Buenos Aires para dar un aire de seriedad. Ella validaba las consultas, gestionaba el circuito de fondos y reforzaba la ilusión de que todo era legal. Sus movimientos bancarios mostraban un flujo constante de transferencias, siempre derivando la plata hacia el principal beneficiario.
Y luego está el hombre en Bariloche, el cerebro digital de la operación. Desde allá administraba los perfiles online, generaba los PDFs falsos y recibía buena parte del dinero. Los análisis de chats de WhatsApp, emails y registros telefónicos lo pusieron en el centro: se veían las titularidades de líneas, los equipos usados y hasta las localizaciones. Era un triángulo perfecto: captación en el sur, soporte en el norte y manejo remoto desde el sur patagónico.
Hasta ahora, la investigación cuantificó el daño: 53 docentes mejoraron su orden de mérito en las listas gracias a estos papeles truchos, y 9 directamente accedieron a horas cátedra que no les correspondían. En los mensajes incorporados a la causa, varios admitían saber que era irregular: "No curso nada, solo pago y tengo el puntaje", decían sin vueltas. Es un golpe bajo para la educación en Salta, donde el sistema de valoración docente está diseñado para premiar el esfuerzo real, no el atajo pago.
Pero la cosa no termina acá. Desde la UDEC aseguran que la pesquisa sigue abierta, con más certificados bajo revisión y posibles ramificaciones que podrían involucrar a más personas. Este escándalo pone sobre la mesa problemas más profundos en el control de títulos educativos en Argentina, especialmente en provincias como Salta, donde la demanda de cargos docentes es alta y la tentación de atajos crece con la crisis económica. ¿Cuántos más habrán caído en la trampa? ¿Cómo se recupera la confianza en las juntas calificadoras?
Pensemos en el impacto real: estos fraudes no solo desplazan a docentes honestos que sí se rompen el lomo estudiando, sino que afectan a los chicos en las aulas. Un maestro con puntaje inflado podría estar ocupando un lugar que le corresponde a alguien mejor preparado. En un país donde la educación pública ya la viene remando contra viento y marea –con presupuestos ajustados y paros frecuentes–, un esquema como este erosiona la base misma del sistema.
Salta, con su geografía extensa y sus desafíos educativos en zonas rurales como El Galpón o Embarcación, es particularmente vulnerable. Allá en el norte, donde las escuelas a veces luchan con conectividad básica, que aparezcan perfiles falsos en Facebook ofreciendo "soluciones rápidas" es un peligro latente. Y en el sur, cerca de Joaquín V. González, la proximidad a comunidades educativas hace que el contagio sea más rápido.
La fiscalía, con su enfoque en delitos económicos complejos, está mandando un mensaje claro: no hay lugar para estos atajos en la educación argentina. Los allanamientos y detenciones son solo el principio; ahora viene el juicio, las sanciones y, ojalá, reformas para blindar el sistema contra futuras maniobras. Por ejemplo, digitalizar más los controles, cruzar bases de datos en tiempo real o capacitar a las juntas para detectar fraudes digitales.
Mientras tanto, los docentes involucrados enfrentan no solo la pérdida de puntos, sino posibles suspensiones o despidos. Es un recordatorio amargo de que, en la carrera por el ascenso, la honestidad sigue siendo el mejor camino. Este caso en Salta podría ser la punta del iceberg; ¿habrá similares en otras provincias? La educación, al fin y al cabo, es el futuro de la Nación, y fraudes como este lo ponen en riesgo.
La sociedad salteña, siempre atenta a los temas educativos –recordemos las marchas por salarios dignos o por más inversión en aulas–, seguramente seguirá de cerca cómo se desarrolla esta causa. Es hora de que las autoridades refuercen los mecanismos de control para que nadie más aproveche las grietas del sistema. Porque al final, los más perjudicados son los alumnos, que merecen maestros calificados de verdad, no de papel.
