Un periodista y vecinos de la norteña localidad de Aguaray filmaron al juez de paz de esa localidad cuando el funcionario reconocía que se había hecho quedar el dinero que, en concepto de cuota alimentaria, le había confiado el padre de un menor, divorciado de la mamá del niño.
Con ese elemento de prueba contundente y patrocinando a la mujer que lo denunció penalmente, el abogado de Tartagal, Rambert Ríos se constituyó en querellante del escandaloso caso que se ventiló por un medio local.
Todo se produjo en la mañana del martes cuando un periodista llegó a la oficina del juez de paz, Freddy Chocobar en momentos en que en un hombre de avanzada edad, propietario del inmueble que el funcionario ocupaba, literalmente lo desalojaba sacándole sus pertenencias a la calle. "Este hombre me debe tres meses de alquiler y como trae dos perros me deterioró toda la oficina. Estoy cansado de esperar que me pague" expresaba el octogenario mientras lo increpaba a Chocobar por la falta de cumplimiento en el pago del alquiler, mientras el escritorio, otros muebles y documentación del juzgado de paz ya se encontraban en la vereda.
Pero el hecho escaló a mayores cuando, también en vivo y durante la transmisión, se presentó una mujer que dijo ser madre de un menor cuyo progenitor le había depositado al juez de paz los meses correspondientes a marzo, abril y mayo en concepto de cuota alimentaria, pero Freddy Chocobar no le entregó el dinero a la angustiada madre. "Yo me fui a reclamarle al padre de mi hijo que hacía tres meses no me depositaba por la cuota alimentaria y él me explicó que como vive y trabaja en otra provincia, le confió al juez de paz esa cuota y se la depositó a él para que me la entregue".
Estafa agravada, girada a la Fiscalía penal
"Vine en marzo, en abril y el 10 de mayo. El padre de mi hijo depositó la tercera cuota y nada" expresó Johana Fiorillo frente al propio juez de paz que hablaba de "una confusión" intentando justificar la retención indebida de las cuotas que pertenecían al menor, hijo de la mujer.
Pero como Johana no logró por las buenas y mediante el diálogo que el juez de paz le haga entrega del dinero que pertenecía a su hijo, decidió contratarlo al penalista Rambert Ríos quien se constituyó en querellante y anticipó que pedirá la detención de este funcionario. "Ellos son nombrados con el acuerdo de la Corte de Justicia, no pueden actuar con tanta liviandad y hacerse quedar recursos que son de un niño. Una mujer con un niño discapacitado está peregrinando para que este hombre le entregue también el dinero de cuota alimentaria, pero como se trata de gente humilde que le nombran a "un juez", tienen temor de hacer denuncias o difundir estas maniobras y cada hora que pasa me llegan datos de más damnificadas a quienes este hombre les hace quedar la cuota alimentaria de sus niños".
Ríos aseguró que en el departamento San Martín "hay sospechas del accionar de otros jueces de paz que no pueden justificar de ninguna manera su nivel de vida porque acá somos pocos y todos nos conocemos, así que lo menos que hay que hacer es controlar un poco más de cerca a estos jueces de paz que actúan con la gente más humilde" expresó Ríos. La denuncia por estafa agravada fue girada a la fiscalía penal del fiscal Armando Cazón.
