Un nuevo capítulo de corrupción sacude la gestión del ex intendente Mario Mimessi en Salta.
La Justicia Federal, a través del fiscal Marcos Romero, ha solicitado cuatro años de prisión efectiva para Carla Cordero, ex directora de Diversidad, acusada de orquestar un esquema fraudulento con el programa nacional Acompañar, destinado a asistir a mujeres en situación de vulnerabilidad. Junto a ella, tres empleados y allegados enfrentan la misma pena, en un caso que expone el abuso de poder y la manipulación de políticas sociales en beneficio propio.
El modus operandi, según la investigación, es tan indignante como sofisticado: Cordero y sus cómplices habrían obligado a mujeres a presentar denuncias falsas por violencia de género para acceder al subsidio del programa Acompañar. Una vez obtenido el dinero, las víctimas eran extorsionadas para entregar parte de los fondos a los acusados, en una maniobra que no solo defraudó al Estado, sino que también vulneró la confianza de quienes necesitaban ayuda genuina. La fiscalía no escatimó en su acusación: además de la pena de prisión, pidió la inhabilitación perpetua de Cordero para ocupar cargos públicos y una multa millonaria que busca reparar el daño causado al erario.
Este escándalo no es un caso aislado en la gestión Mimessi. Apenas meses atrás, la ex concejal Paola Díaz fue condenada por irregularidades similares en el manejo de fondos de asistencia social, un precedente que pone en jaque la credibilidad de la administración y expone una preocupante red de corrupción enquistada en el manejo de programas destinados a los más vulnerables. La reiteración de estos casos plantea interrogantes ineludibles: ¿cómo se permitió que funcionarios en posiciones clave manipularan herramientas de ayuda social para su enriquecimiento? ¿Qué controles fallaron para que estas prácticas se perpetuaran?
La elevación a juicio de Cordero y sus cómplices marca un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Salta, pero también enciende una alarma sobre la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión en la implementación de políticas sociales. Mientras tanto, la sociedad salteña espera que la Justicia actúe con firmeza para sancionar a los responsables y garantizar que los recursos destinados a las víctimas de violencia de género lleguen a quienes realmente los necesitan. Este caso, lejos de ser un hecho aislado, es un recordatorio de que la corrupción no solo roba fondos públicos, sino también la esperanza de quienes dependen de ellos.
