Una investigación judicial en Las Lajitas derivó en la imputación provisional de tres policías acusados de haber utilizado un supuesto control vehicular para exigir dinero a conductores que circulaban por la ruta provincial 5. Según la hipótesis de la Fiscalía, los efectivos habrían pedido pagos a cambio de no afectar la mercadería transportada.
El caso comenzó a investigarse luego de que distintos conductores alertaran sobre la presencia de un control instalado a la altura del paraje Las Víboras. Las personas que realizaban el procedimiento llevaban uniformes policiales, por lo que inicialmente se creyó que se trataba de un operativo oficial.
Sin embargo, cuando personal policial se presentó en el lugar, constató que los tres involucrados eran efectivamente agentes que se encontraban en funciones, pero que el control no había sido autorizado ni dispuesto por la superioridad.
A partir de esa situación, la Brigada de Investigaciones inició distintas tareas para determinar qué ocurría en ese punto de la ruta provincial 5 y establecer si los efectivos habían intervenido en una maniobra destinada a obtener dinero de los conductores.
De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, los policías habrían detenido vehículos y exigido dinero a sus ocupantes con la condición de no controlar o secuestrar la mercadería que trasladaban.
La investigación quedó a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, quien se encuentra interinamente al frente de la Delegación Las Lajitas. La representante del Ministerio Público Fiscal imputó provisionalmente a tres efectivos: un hombre de 31 años y dos mujeres de 26 y 36 años.
Los tres fueron acusados como coautores de los delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas, en perjuicio de la Administración Pública. La imputación se realizó en función de los artículos 210, 266, 267 y 268 del Código Penal.
Durante las medidas desplegadas en la zona también se produjo el hallazgo de una importante suma de dinero. En medio de un rastrillaje, los investigadores encontraron una bolsa que contenía cerca de un millón de pesos, escondida dentro de un neumático.
Además de ese dinero, se encontraron otras sumas dentro del móvil policial y entre las pertenencias de los efectivos investigados. Estos elementos fueron incorporados al expediente y serán analizados para establecer si tienen relación con los hechos que se investigan.
Otro punto relevante de la causa son los testimonios obtenidos durante las tareas investigativas. Algunos conductores manifestaron haber sido detenidos en el supuesto control y aseguraron que entregaron dinero para evitar que la mercadería que transportaban fuera secuestrada.
Esas declaraciones serán contrastadas con el resto de las pruebas para determinar cómo funcionaba el operativo, cuántos vehículos pudieron haber sido interceptados y si existió una modalidad sistemática para exigir pagos.
En el procedimiento se secuestraron además tres teléfonos celulares, un libro de guardia perteneciente a la Sección Policía Rural y Ambiental, prendas utilizadas por los acusados y otros elementos considerados de interés para la investigación.
También se dispuso la retención de las armas reglamentarias y las credenciales policiales de los tres imputados. La medida busca preservar elementos que podrían resultar relevantes para determinar las circunstancias en las que se desarrolló el supuesto control.
Tras la audiencia de imputación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que los tres policías permanezcan detenidos mientras continúan las medidas destinadas a esclarecer el caso.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y la imputación es de carácter provisional. Por lo tanto, todavía resta determinar con precisión la responsabilidad individual de cada uno de los efectivos y si las pruebas reunidas permiten confirmar la hipótesis planteada por la Fiscalía.
Uno de los principales objetivos será establecer si los tres policías actuaron de manera coordinada y si existía una organización previa para instalar controles sin autorización y exigir dinero a quienes transitaban por la zona.
También se deberá determinar el origen de las sumas encontradas durante el procedimiento, especialmente el dinero hallado dentro del neumático, además de los montos encontrados en el patrullero y entre las pertenencias de los investigados.
El análisis de los teléfonos celulares secuestrados podría aportar información adicional sobre los movimientos de los involucrados, sus comunicaciones y una eventual coordinación relacionada con el supuesto control.
Mientras tanto, la Justicia continuará recibiendo testimonios y analizando la documentación y los elementos secuestrados. Las medidas buscan reconstruir lo sucedido en la ruta provincial 5 y determinar si hubo más conductores afectados por la maniobra investigada.
El caso generó especial atención en Las Lajitas debido a que los acusados son efectivos policiales que se encontraban en funciones y que, según la acusación, habrían utilizado su condición y elementos oficiales para llevar adelante un procedimiento que no había sido autorizado.
Por ahora, los tres policías permanecen bajo investigación y la Fiscalía sostiene la acusación de manera provisional. Será el avance de la causa y la valoración de las pruebas por parte de la Justicia lo que permitirá determinar si los hechos denunciados pueden ser acreditados y qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los involucrados.
