![[URGENTE] Condenaron a 17 años de prisión a Luciano López por la tragedia vial que dejó cinco muertos en Salta](https://www.agendasalta.com.ar/public/images/noticias/thumbs/65280-urgente-condenaron-a-17-anios-de-prision-a-luciano-lopez-por-la-tragedia-vial-que-dejo-cinco-muertos-en-salta.webp)
El escándalo por la presunta estafa con terrenos en Atocha sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto institucional en Salta. El Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia resolvió impulsar una denuncia de oficio contra el abogado Santiago Eduardo Pedroza y pidió al Tribunal de Ética y Disciplina que analice con urgencia una posible suspensión preventiva de su matrícula profesional.
La decisión quedó formalizada en la resolución N° 096/2026, firmada el 23 de abril, donde el Consejo Directivo consideró la gravedad de las denuncias públicas y judiciales que involucran al letrado en una supuesta maniobra de venta irregular de lotes en la zona sur del área metropolitana salteña.
El caso tomó enorme repercusión en los últimos días luego de conocerse testimonios de familias que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero por terrenos ubicados en Atocha, en un loteo conocido como “Las Victorias”, que no serían aptos para habitar por condiciones de inundabilidad y restricciones técnicas.
Según surge de la resolución interna del Colegio, habría al menos 380 familias damnificadas. Muchas de ellas denunciaron que fueron captadas mediante promesas de pronta entrega de terrenos, regularización administrativa y futura urbanización. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrieron que los lotes presentaban severos inconvenientes legales y ambientales.
La entidad profesional remarcó que su obligación institucional es preservar el decoro, la probidad y el prestigio del ejercicio de la abogacía en Salta. Por eso, ante la magnitud del caso, resolvió actuar de oficio sin esperar una denuncia particular dentro del ámbito disciplinario.
En el documento oficial se utilizó incluso una expresión poco habitual para describir el impacto generado: calificó la situación como un hecho de “magnitud sin precedentes” dentro del foro local. Esa definición refleja el nivel de preocupación existente puertas adentro del Colegio de Abogados.
Las acusaciones son especialmente sensibles porque involucran a personas en situación de vulnerabilidad social que buscaban acceder a un terreno propio en medio de la crisis habitacional que atraviesa la provincia. Según distintas presentaciones, los pagos habrían oscilado entre los 500 mil pesos y los 8 millones de pesos, dependiendo de cada operación.
Para muchas familias salteñas, la compra de un lote representa el ahorro de años, préstamos familiares o endeudamiento. Por eso, el caso generó fuerte indignación social y repercusión en barrios de Capital, San Lorenzo, Cerrillos y zonas cercanas donde residen varios de los presuntos damnificados.
En paralelo, avanza una investigación penal encabezada por la Fiscalía Penal 2 del distrito Centro, Delegación San Lorenzo, a cargo de manera interina del fiscal Ramiro Ramos Ossorio. Allí se analizan las denuncias vinculadas a la supuesta comercialización de terrenos inhabitables.
La pesquisa apunta a determinar si existieron engaños deliberados, documentación irregular, promesas imposibles de cumplir o cobros sin respaldo legal suficiente. También se investiga si hubo utilización de supuestas gestiones administrativas inexistentes para convencer a compradores.
Desde el Colegio de Abogados señalaron además que en el expediente disciplinario constan registros audiovisuales y testimonios que serán evaluados. Entre ellos figurarían relatos de víctimas y material que podría resultar relevante para esclarecer cómo se habrían desarrollado las operaciones cuestionadas.
El Consejo Directivo sostuvo que, de confirmarse los hechos denunciados, la conducta atribuida implicaría una gravísima violación a principios esenciales del ejercicio profesional, como la buena fe, la lealtad y la honestidad.
En Salta, donde el acceso a la tierra y la vivienda es una demanda histórica, el caso impactó con fuerza porque mezcla dos problemáticas muy sensibles: la necesidad habitacional de cientos de familias y la confianza pública en profesionales del derecho.
Vecinos de distintos sectores expresaron preocupación por la falta de controles previos en este tipo de emprendimientos. También surgieron reclamos para que el Estado provincial y municipal refuercen mecanismos de fiscalización sobre loteos, habilitaciones y operaciones inmobiliarias destinadas a sectores populares.
La eventual suspensión preventiva de la matrícula no implica una condena definitiva, pero sí una medida cautelar dentro del ámbito ético-profesional mientras avanza la investigación. El Tribunal de Ética y Disciplina deberá ahora analizar si corresponde aplicarla.
En caso de prosperar, Pedroza podría quedar temporalmente impedido de ejercer la profesión hasta que exista una resolución de fondo. Paralelamente, la causa penal seguirá su propio curso en la Justicia.
El expediente promete seguir generando novedades en los próximos días. Las familias afectadas esperan respuestas concretas, devolución del dinero invertido o una solución habitacional, mientras crece la presión social para que se esclarezca lo ocurrido.
En una provincia donde el sueño de la casa propia sigue siendo una meta difícil para miles de personas, la presunta maniobra con lotes en Atocha dejó al descubierto la vulnerabilidad de quienes buscan una oportunidad y terminan atrapados en promesas que podrían haber sido falsas.
Ahora, la atención está puesta en dos frentes clave: lo que resuelva la Justicia penal y la decisión disciplinaria del Colegio de Abogados de Salta. Ambos caminos serán determinantes para saber hasta dónde llegó el escándalo por tierras que conmociona a la provincia.
