La causa por las presuntas estafas vinculadas a inversiones y alquiler de vehículos en Salta sumó cinco nuevos imputados. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) avanzó contra estas personas por el delito de encubrimiento por receptación dolosa agravado por actuar con ánimo de lucro, luego de detectar que once automóviles relacionados con las operaciones investigadas habían sido transferidos a sus nombres.
La nueva instancia judicial se produjo durante una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, en la que intervino el auxiliar fiscal de la UDEC, Pablo Nieva, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Los cinco acusados fueron asistidos durante la audiencia por abogados pertenecientes al mismo estudio jurídico. Tras conocer los hechos que se les atribuyen, todos optaron por abstenerse de declarar y de responder las preguntas formuladas por la Fiscalía.
La investigación se originó a partir de distintas denuncias relacionadas con un supuesto esquema de inversiones en la compra y posterior alquiler de automóviles. De acuerdo con lo denunciado, las personas damnificadas entregaban importantes sumas de dinero o directamente bienes para adquirir vehículos que luego serían incorporados a la flota de FIT Rent a Car y destinados al alquiler.
El mecanismo ofrecido a los inversores contemplaba el pago de rentas mensuales en dólares, mientras que posteriormente se les prometía la recuperación del capital aportado. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir denuncias y la situación derivó en una investigación penal por presuntas maniobras de estafa.
En la causa ya había tres personas imputadas. Una de ellas está acusada como presunta autora de cinco hechos de estafa, mientras que otras dos fueron imputadas como partícipes necesarios.
El principal investigado fue detenido durante agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de una serie de medidas desplegadas por la UDEC. Posteriormente fue trasladado a Salta y la Justicia dispuso su prisión preventiva.
A medida que avanzó la investigación, los investigadores comenzaron a seguir el recorrido de los vehículos que habían formado parte de las operaciones denunciadas. Fue entonces cuando personal de la Unidad de Investigación UDEC, dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), detectó que once automóviles habían sido transferidos a cinco personas.
Para reconstruir esas operaciones se analizaron distintos documentos vinculados a los rodados, entre ellos los legajos registrales, formularios 08, informes de dominio y documentación correspondiente a las transferencias.
Pero la pesquisa no se limitó a determinar quiénes figuraban como titulares de los vehículos. También se puso bajo análisis la situación económica y financiera de las personas que aparecían como nuevas propietarias de los automotores.
El Gabinete de Delitos Económicos del CIF realizó un análisis de la información patrimonial, bancaria y tributaria disponible y detectó diferencias que llamaron la atención de los investigadores: en varios casos, la capacidad económica registrada no parecía guardar relación con el valor de los vehículos incorporados a sus patrimonios.
Entre las situaciones analizadas aparecieron personas que no registraban actividad económica o cuyos ingresos declarados no resultarían compatibles con la adquisición de varios automóviles.
Uno de los casos que forma parte de la investigación corresponde a una persona cuyos ingresos provenían principalmente de una jubilación y que, pese a ello, aparecía vinculada a la adquisición de tres vehículos. Además, sus movimientos bancarios analizados por los investigadores no guardarían relación con el volumen económico que implicaban esas operaciones.
Otro de los elementos que llamó la atención durante la pesquisa fue la existencia de vínculos entre algunos de los nuevos titulares de los automotores y una concesionaria de vehículos. Según surgió del análisis realizado por los investigadores, tres de los cinco imputados tendrían algún tipo de relación con ese establecimiento.
A esto se sumó otro dato considerado relevante: diferentes transferencias de los automóviles habrían registrado un mismo correo electrónico como medio de contacto ante los organismos registrales.
La Fiscalía también detectó que los cinco investigados no habrían presentado documentación suficiente que permitiera acreditar de manera clara las operaciones de compraventa. Entre los elementos que no pudieron ser respaldados adecuadamente se encuentran los comprobantes relacionados con los pagos realizados y la cancelación de prendas que pesaban sobre algunos de los vehículos.
Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación para establecer si las personas que recibieron los automóviles conocían el origen de los bienes y si participaron de manera deliberada en las operaciones investigadas con el objetivo de obtener un beneficio económico.
Por ese motivo, la Fiscalía avanzó con la imputación de los cinco involucrados bajo la figura de encubrimiento por receptación dolosa agravado por ánimo de lucro. Se trata de una nueva etapa dentro de una causa que continúa sumando elementos a medida que los investigadores reconstruyen el recorrido del dinero y de los vehículos.
La pesquisa busca determinar, entre otros aspectos, cómo fueron adquiridos los automóviles, quiénes intervinieron en las distintas transferencias y qué conocimiento tenían los compradores respecto del origen de los rodados.
Mientras la investigación continúa, el principal acusado por las presuntas estafas volverá a comparecer ante la Justicia. Para este martes 8 de septiembre está prevista una nueva audiencia de ampliación de la formalización de la investigación penal preparatoria.
La audiencia será otra instancia clave para avanzar sobre la hipótesis fiscal y profundizar las medidas relacionadas con el supuesto esquema de inversiones y alquiler de vehículos que habría provocado importantes perjuicios económicos a los denunciantes.
La causa permanece bajo investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos de Salta, mientras se continúa analizando la documentación, los movimientos económicos y las operaciones registrales vinculadas con los automóviles que forman parte del expediente.
