El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, se refirió al polémico caso que involucra al juez de Garantías Claudio Parisi, el intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, y el abogado Roberto Ortega Serrano (ambos detenidos). La investigación, que lleva más de dos años, apunta a una posible red de corrupción judicial, con similitudes al caso del exjuez federal Raúl Reynoso.
Parisi es acusado de obstruir la investigación del homicidio de César "Oreja" Martínez, hermano del intendente de Aguas Blancas. "Lo que se está investigando es una situación muy parecida (a Reynoso): coimas a cambio de favores en los expedientes", afirmó el procurador. La causa cobra relevancia no solo por las graves implicaciones para el funcionamiento del sistema judicial, sino también porque en las últimas horas la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó se tome cartas en el asunto "políticamente" en Aguas Blancas.
¿Cuál es la presunción sobre el juez Parisi? Sería parte de una organización criminal, un agente libre, dónde encajaría en este esquema criminal el magistrado?
En este sentido, el procurador fue contundente: "Están investigando las unidades fiscales, es una situación bastante parecida a la del exjuez Reynoso. O sea, es lucrar, haber generado un negocio a partir de la construcción de beneficios procesales. En este caso había una cuestión casi tarifada de concesión de prisiones domiciliarias y el monto, el dinero a percibir dependía de la cara del cliente. Entonces se obtenían, lo que se llama vulgarmente coimas, a cambio de favores en los expedientes.
No creo que llegue a formar parte de una organización criminal, pero sí un engranaje que beneficiaba a las organizaciones criminales. Yo si mal no recuerdo, por ejemplo, le pongo el caso como ejemplo, José Dimas Ruiz, cuando es detectado como entregador de la firma Abra del Sol y copartícipe del robo millonario, junto con la banda de Palavecino y las conversaciones de él con Palavecino, quien le otorga la prisión domiciliaria a cambio de un dinero fue el juez Parisi. Y lo denunció precisamente la hermana de Ruiz y su abogada. Son ellas mismas las que reconocieron que pagaron 15.000 dólares para que esta persona (Dimas Ruiz) pueda gozar de domiciliaria. Entonces así se producen los nexos.
Fuente Radio Salta
