La Justicia Federal formalizó la investigación contra Emiliano Estrada por abuso de autoridad y peculado de servicios, al considerar que habría ordenado la producción de material audiovisual con recursos del Estado para difundir acusaciones sensibles contra el gobierno provincial.
La Justicia Federal de Salta imputó al exdiputado nacional Emiliano Estrada por los delitos de abuso de autoridad y peculado de servicios, en una causa que investiga el presunto uso de fondos del Estado Nacional para financiar la producción y difusión de videos anónimos en redes sociales. Según la acusación, ese material vinculaba al gobierno de la provincia con actividades relacionadas al narcotráfico y habría sido realizado por asesores que cumplían funciones en el Congreso de la Nación.
La decisión fue tomada por la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y habilitó formalmente la investigación penal, tras varios meses de incidentes procesales que habían demorado el avance del expediente. El caso se encontraba en el fuero federal desde mediados de marzo, pero distintos planteos defensivos y disputas de competencia habían trabado su tratamiento de fondo.
De acuerdo con la imputación, la maniobra investigada no se centra en el contenido político o la opinión del exlegislador, sino en la presunta utilización indebida de su cargo y de recursos públicos para encargar la elaboración de piezas audiovisuales de origen anónimo y difusión digital. Para la fiscalía, el punto clave es que esas tareas habrían sido realizadas por personal contratado como asesores parlamentarios, lo que implica el uso de fondos nacionales con un fin ajeno a sus funciones.
Durante la audiencia de formalización, realizada con la participación remota del imputado, el fiscal general Carlos Martín Amad sostuvo que los hechos surgen de una investigación previa llevada adelante por el área de Ciberdelincuencia de la justicia provincial. En ese marco, se detectó la circulación de videos en redes sociales cuyo contenido fue considerado, en una primera instancia, pasible de encuadrar en el delito de intimidación pública.
El representante del Ministerio Público remarcó que no se está juzgando la libertad de expresión ni el discurso político, sino una conducta concreta atribuida a quien entonces ocupaba una banca en el Congreso. Según explicó, la imputación se apoya en la presunta orden impartida desde un lugar de poder para producir material “de contenido dudoso”, difundido sin firma ni identificación, y financiado con recursos estatales.
Otro de los ejes de la acusación es la supuesta participación de dos asesores legislativos, quienes también quedaron bajo la lupa judicial. Para la fiscalía, el hecho de que estas personas revistieran como empleados del Congreso refuerza la hipótesis de peculado de servicios, ya que habrían sido utilizados para una actividad que no formaba parte de sus obligaciones laborales.
En relación con los argumentos de la defensa, que a lo largo del proceso habló de persecución política e invocó la inmunidad parlamentaria, el fiscal fue categórico al señalar que las garantías constitucionales protegen la labor legislativa y las expresiones vertidas en ámbitos institucionales o públicos identificables. En este caso, sostuvo, los videos habrían sido producidos y difundidos desde el anonimato, lo que los ubica por fuera de ese paraguas de protección.
El Ministerio Público también hizo referencia a la Ley de Ética Pública y subrayó que sus disposiciones alcanzan a todos los funcionarios, tanto electos como designados. En ese sentido, solicitó un plazo de 50 días hábiles para avanzar con la investigación y requirió como medida de coerción que el imputado se comprometa a no entorpecer el proceso y a comparecer cada vez que sea citado por la Justicia.
La defensa de Estrada, por su parte, adelantó que el exdiputado no prestaría declaración y planteó la nulidad de las actuaciones. Entre otros puntos, cuestionó el origen de la investigación en la justicia provincial y volvió a discutir la competencia del fuero federal. Sin embargo, la jueza Giménez rechazó el planteo al considerar que se trataba de desacuerdos ya expuestos, sin argumentos nuevos que justificaran la nulidad.
Al resolver, la magistrada recordó que fue la propia defensa la que en instancias previas promovió la competencia federal, y aclaró que a partir de la formalización de la investigación contará con todas las herramientas para proponer pruebas, producir evidencia y acceder al legajo completo del expediente.
El derrotero judicial del caso explica en buena medida las demoras. La primera audiencia se realizó en febrero, cuando la causa llegó al Juzgado Federal N°2 tras una declaración de incompetencia de la justicia provincial. Luego se sucedieron pedidos de inhibitoria, reclamos de competencia de otros juzgados y apelaciones que escalaron hasta la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese camino, incluso se solicitó el desafuero del entonces diputado nacional, pedido que fue avalado por las instancias superiores antes de que Estrada finalizara su mandato en diciembre. Aun así, nuevas recusaciones y recursos dilataron la posibilidad de avanzar con la imputación, que finalmente fue concretada esta semana.
Con la investigación ya formalizada, la causa entra ahora en una etapa clave. La fiscalía buscará profundizar las pruebas sobre el origen de los videos, el rol de los asesores y el uso de recursos públicos, mientras que la defensa tendrá la oportunidad de desplegar su estrategia para rebatir las acusaciones. En un contexto político y judicial sensible, el expediente promete seguir generando repercusiones en Salta y a nivel nacional.
