En una nueva jornada del juicio que investiga a altos mandos del Servicio Penitenciario de Salta, exinternos, detenidos y familiares dejaron al descubierto un entramado de irregularidades dentro de la Unidad Carcelaria 1, el penal más importante de la provincia. Las declaraciones apuntaron directamente a funcionarios del penal, a quienes acusan de facilitar el ingreso de drogas y celulares, armar causas falsas y castigar a quienes se resisten a colaborar con los negocios internos.
Uno de los testimonios más alarmantes fue el de un detenido que denunció haber sido apuñalado días atrás por otros internos, como represalia por su participación en el juicio. El hombre aseguró no haber recibido atención médica y haber sido aislado de manera arbitraria. El Tribunal ordenó su traslado y asistencia inmediata.
Los relatos coincidieron en un punto clave: dentro del penal, todo beneficio tiene un precio. Según los testigos, los jefes penitenciarios organizaban desde el ingreso de estupefacientes hasta la venta de celulares, muchas veces utilizando a los propios internos como intermediarios forzados. Uno de ellos declaró que fue obligado a alquilar una casa fuera del penal, que luego se utilizó como depósito de droga. Cuando se negó a continuar, fue sancionado y le "plantaron" pruebas en su celda.
Otro testimonio clave fue el de un exinterno que aseguró que algunos presos gozaban de privilegios exclusivos, como celdas individuales, electrodomésticos y acceso libre al consumo. Dijo que esos beneficios estaban reservados para quienes colaboraban con los jefes o participaban de las maniobras delictivas. También afirmó que "el 90% de los conflictos en la cárcel son por drogas", y que denunciar irregularidades dentro del penal "no sirve para nada".
Los familiares también dieron su versión. Una mujer reconoció que transfirió $18.000 para que su esposo recibiera un celular dentro del penal. Indicó además el lugar exacto donde dejó el aparato, coincidente con una vivienda allanada por la Justicia. Otra testigo relató que su madre exigió visitar a su hermano tras semanas sin noticias, y lo encontró golpeado y en mal estado. Solo después de insistir lograron que fuera trasladado al hospital.
Según otro de los testimonios, el control dentro del penal es solo para los familiares. “Los hacen desnudarse, ponerse en cuclillas, los revisan todo el tiempo. Pero los jefes pasan sin que nadie los toque”, dijo un exinterno que trabajaba en limpieza. También denunció que los celulares secuestrados durante las requisas vuelven a circular a las pocas horas, vendidos por los propios penitenciarios.
En el cierre de la jornada, el testigo que sufrió el ataque en el baño reveló que tuvo vínculos con familiares de uno de los acusados y que le ofrecieron ingresar al negocio de las drogas a cambio de mejores condiciones de detención. “Todo está armado para que participes. Si no, te castigan”, sostuvo.
Las declaraciones pusieron en evidencia un sistema carcelario que, según los testigos, funciona bajo una lógica de castigos, amenazas y corrupción. Mientras el juicio avanza, el silencio empieza a romperse y los relatos dejan al descubierto una realidad que incomoda: en la cárcel de Salta, la ley parece estar del lado equivocado de las rejas.
