Una investigación judicial por presuntos beneficios irregulares dentro de la Policía de Salta sumó nuevos elementos y ya involucra, al menos, a tres efectivos que habrían entregado dinero con la expectativa de obtener determinadas ventajas dentro de la fuerza.
La causa, que comenzó en Rosario de Lerma, busca establecer si existía un mecanismo mediante el cual policías podían acceder a cambios de destino, licencias, mejores puntajes o traslados a cambio de pagos. Hasta el momento, el dinero mencionado en los distintos casos rondaría los $2,5 millones, aunque la Justicia no descarta que esa cifra pueda incrementarse a medida que avance la investigación.
Los hechos denunciados todavía se encuentran bajo análisis y no existe, por el momento, una conclusión definitiva sobre el alcance de las presuntas maniobras. La Fiscalía trabaja sobre distintas evidencias reunidas durante los procedimientos realizados en el marco de la causa.
Entre los principales elementos incorporados a la investigación se encuentran teléfonos celulares que fueron secuestrados durante los allanamientos. El contenido de esos dispositivos podría resultar clave para determinar si existieron comunicaciones, acuerdos o gestiones vinculadas con los supuestos pagos.
La Justicia intenta reconstruir a partir de esa información qué había detrás de las operaciones denunciadas y, principalmente, si las personas involucradas tenían capacidad real para gestionar los beneficios que los efectivos buscaban obtener dentro de la institución policial.
De acuerdo con los primeros elementos conocidos, los beneficios que habrían sido ofrecidos o gestionados no se limitarían a una única situación. Entre las posibilidades mencionadas aparecen cambios de destino, licencias, modificaciones en los puntajes y traslados, cuestiones que pueden tener un impacto significativo en la carrera y en las condiciones laborales de los integrantes de la fuerza.
La investigación apunta precisamente a determinar si esos beneficios eran utilizados como una forma de obtener dinero de otros integrantes de la Policía y quiénes podrían haber participado de las presuntas gestiones.
Hasta el momento, son tres los efectivos que habrían denunciado haber entregado dinero. El monto acumulado señalado en esas situaciones alcanzaría aproximadamente los $2,5 millones. Sin embargo, la cifra podría modificarse si durante el avance de la causa aparecen nuevos casos o elementos que permitan incorporar otras operaciones.
Uno de los aspectos centrales será establecer si se trató de episodios aislados o si, por el contrario, existía una modalidad más amplia para conseguir determinados beneficios dentro de la institución.
En ese sentido, el análisis de los celulares secuestrados puede aportar información relevante. Los investigadores buscan determinar quiénes se comunicaban con los denunciantes, qué tipo de gestiones se realizaban y si existían conversaciones relacionadas con los montos de dinero mencionados en la causa.
La evidencia digital será examinada junto con el resto de las actuaciones para establecer la posible existencia de una estructura organizada y delimitar las responsabilidades que pudieran corresponder.
La causa comenzó a tomar forma a partir de situaciones detectadas en Rosario de Lerma, pero el avance de las medidas judiciales podría determinar si los hechos investigados tuvieron un alcance mayor dentro de la Policía de Salta.
Por ahora, la investigación permanece en una etapa inicial y las autoridades trabajan en la recolección y análisis de pruebas. El objetivo es establecer qué ocurrió en cada uno de los casos denunciados, quiénes habrían intervenido y si efectivamente existieron pagos a cambio de beneficios laborales o administrativos.
Mientras continúan las pericias sobre los teléfonos y demás elementos secuestrados, la Justicia tampoco descarta que puedan surgir nuevos denunciantes o nuevos montos de dinero relacionados con la investigación.
La causa deberá avanzar con las medidas pendientes antes de determinar eventuales responsabilidades penales. Por ese motivo, los hechos son analizados como presuntas maniobras irregulares y será la investigación judicial la que establezca si existieron delitos y cuál fue el verdadero alcance de los supuestos “acomodos” dentro de la Policía de Salta.
