El juicio por el saqueo sistemático de rieles del ferrocarril en el norte de la provincia de Salta comenzó este miércoles en el Tribunal Oral Federal N°2, con revelaciones que exponen la magnitud del negocio ilegal que operaba en el Chaco salteño. Según se expuso en la primera audiencia, el contrabando de material ferroviario podía generar ingresos diarios cercanos a los 25 millones de pesos.
En el banquillo de los acusados se encuentra el exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, junto al oficial subayudante Mauro Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe del destacamento policial del paraje Pluma de Pato. Ambos enfrentan cargos vinculados a una presunta estructura delictiva dedicada al robo de rieles pertenecientes al sistema ferroviario del Belgrano Cargas.
El debate oral se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano. La acusación está a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual.
Durante la apertura del juicio, un testigo aportó datos clave sobre el funcionamiento del esquema de contrabando. Según su declaración, todos los días se retiraban de las vías entre tres y cuatro camiones cargados con aproximadamente 31 toneladas de rieles cada uno.
El material extraído era trasladado hacia la frontera y posteriormente ingresado a Bolivia, donde se comercializaba como material ferroso. De acuerdo con el testimonio brindado en la audiencia, cada tonelada se pagaba alrededor de 200 mil pesos.
Si se toma en cuenta la cantidad de camiones y el peso transportado, el negocio podía generar una recaudación diaria cercana a los 25 millones de pesos, lo que evidencia el enorme volumen económico que alcanzaba esta actividad ilegal.
Para la fiscalía, la operatoria no podría haberse sostenido durante tanto tiempo sin la participación de actores con influencia en la zona. En ese sentido, el fiscal sostuvo que el rol del exintendente Gerala fue central dentro del esquema investigado.
De acuerdo con la acusación, el “peso político” del exjefe comunal habría sido determinante para garantizar el funcionamiento del circuito de extracción, traslado y contrabando de los rieles ferroviarios.
Durante su exposición inicial, el fiscal remarcó que la influencia del imputado en el municipio de Morillo era ampliamente conocida en la región. Incluso señaló que, según testimonios recogidos durante la investigación, el nivel de control político que ejercía en la localidad generaba temor entre los habitantes.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público sostuvo que la fiscalía cuenta con pruebas sólidas que permitirían demostrar la participación del exintendente en la maniobra delictiva que, según la acusación, se extendió durante varios años.
Gerala enfrenta cargos por contrabando de mercadería triplemente agravado —debido a la cantidad de personas involucradas, el valor de la mercadería y su condición de funcionario público— además de robo agravado por haberse cometido en despoblado y en banda, y malversación de caudales públicos.
Por su parte, el exjefe policial Mauro Rodríguez está imputado por el delito de cohecho pasivo, en el marco de la misma investigación.
El exintendente de Morillo fue destituido de su cargo el 20 de noviembre del año pasado tras el avance de la causa judicial impulsada por la fiscalía. Su salida del cargo se produjo luego de que se confirmaran las imputaciones en su contra vinculadas al saqueo de la infraestructura ferroviaria.
Durante el inicio del juicio, Gerala se presentó en la sala con anticipación. En uno de los momentos de la audiencia, protagonizó una situación de tensión al sostener una mirada fija hacia el fiscal general, lo que generó un breve intercambio con el tribunal respecto a su actitud durante el debate.
La investigación que dio origen a la causa comenzó a partir de una denuncia presentada en agosto de 2023. En ese momento, autoridades del Correo Argentino detectaron movimientos sospechosos vinculados a envíos de neumáticos realizados por un comerciante radicado en la ciudad de Orán.
El volumen de las operaciones llamó la atención y motivó la intervención judicial. A partir de ese punto se inició una investigación que permitió detectar presuntas maniobras de contrabando.
El comerciante identificado en esa etapa fue David Medina, quien contaba con antecedentes penales por contrabando. Según se expuso durante la investigación, habría retomado esa actividad ilegal y ampliado el negocio incorporando el comercio de material ferroso.
Entre los elementos que comenzaron a investigarse aparecieron los rieles del sistema ferroviario Belgrano Cargas, que estaban siendo retirados de distintos tramos en zonas rurales del Chaco salteño.
La fiscalía sostiene que el saqueo de la infraestructura ferroviaria se realizaba de manera organizada y sistemática. Los rieles eran retirados de sectores alejados y con escasa presencia estatal, cargados en camiones y trasladados hacia puntos de acopio antes de su salida del país.
Este tipo de material tiene un alto valor en el mercado del metal reciclado, lo que lo convierte en un objetivo frecuente para redes de contrabando dedicadas al comercio ilegal de metales.
El caso generó fuerte repercusión en la provincia debido al impacto que tiene el robo de infraestructura ferroviaria, especialmente en regiones donde el tren es considerado una herramienta clave para el desarrollo económico y la conectividad.
El Belgrano Cargas es uno de los principales sistemas ferroviarios de transporte de cargas del norte argentino y atraviesa varias provincias, incluyendo Salta. Sus vías permiten trasladar producción agrícola, minerales y distintos insumos hacia centros logísticos y puertos.
El saqueo de rieles no solo implica un perjuicio económico para el Estado, sino que además afecta el funcionamiento del sistema ferroviario y genera riesgos para la infraestructura de transporte.
Durante las próximas audiencias del juicio se espera que declaren distintos testigos y peritos que participaron en la investigación. La fiscalía buscará demostrar la existencia de una estructura organizada dedicada al robo y contrabando de material ferroviario en el norte salteño.
El proceso judicial continuará en los próximos días con la presentación de pruebas y testimonios que permitirán reconstruir el funcionamiento de la presunta red delictiva que operaba en el Chaco salteño y que hoy tiene a un exintendente y a un exjefe policial enfrentando cargos en la justicia federal.
