El primer juicio por jurado en la historia judicial de Salta ingresa en su etapa decisiva. Este miércoles, la fiscalía y la defensa presentarán sus alegatos de clausura ante los doce miembros titulares del jurado y los cuatro suplentes que siguen el debate desde el inicio. Será el momento en que ambas partes intenten consolidar su versión de los hechos antes de que el tribunal ciudadano pase a deliberar.
El proceso, que marca un hito en la aplicación de la Ley 8478 en la provincia, tiene como imputado a Víctor Manuel Márquez, de 21 años, acusado del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género —femicidio— y por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía. El hecho ocurrió la noche del 17 de septiembre de 2024, bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Dalma.
Durante la segunda jornada del juicio, en el turno vespertino, el jurado escuchó la declaración de cuatro testigos convocados por las partes. Se trató de peritos y profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que aportaron elementos técnicos vinculados a las pruebas recolectadas en la escena y a los estudios realizados posteriormente.
El primero en declarar fue un bioquímico que intervino en el análisis de muestras de sangre y orina tanto de la víctima como del acusado. Su exposición se centró en los procedimientos realizados y en los resultados obtenidos, que forman parte del conjunto probatorio que evalúan los fiscales y la defensa.
Tras esa testimonial, el Ministerio Público Fiscal realizó un planteo técnico y solicitó que el jurado se retirara momentáneamente de la sala. Ya sin la presencia de los ciudadanos, la fiscalía explicó su objeción, que fue rechazada por la defensa. Luego de un cuarto intermedio, el juez técnico, Guillermo Pereyra, desestimó el planteo y ordenó continuar con la audiencia.
Posteriormente declaró una perito del Departamento de Criminalística del CIF, quien se refirió a dos elementos considerados relevantes en la investigación: un bloque de cemento con manchas de sangre y un cordón hallado en el lugar. La profesional exhibió fotografías y detalló las características de las manchas, describiendo su morfología y ubicación. Según explicó, esos indicios fueron incorporados como parte del análisis de la escena donde fue encontrado el cuerpo.
Más tarde brindó testimonio el médico que practicó la autopsia. Indicó que también estuvo presente en el lugar del hallazgo, donde realizó un examen externo inicial para constatar el estado del cuerpo y colaborar en su preservación. Precisó que el cadáver se encontraba debajo del puente, cerca de una columna, y que a un costado de la cabeza había un bloque de cemento.
De acuerdo con los resultados de la autopsia, la causa de muerte fue un politraumatismo grave acompañado de asfixia mecánica y, posteriormente, un traumatismo encéfalo-craneano severo. El profesional explicó que las lesiones observadas eran compatibles con el elemento hallado en la escena. También señaló que no se detectaron lesiones defensivas claras y que algunas excoriaciones podrían haberse producido por el roce contra superficies rugosas.
La última en declarar fue una médica patóloga del CIF, quien analizó muestras de órganos para determinar con mayor precisión la causa del fallecimiento y establecer la vitalidad de determinadas lesiones. Según concluyó, las heridas evaluadas fueron producidas cuando la víctima aún estaba con vida, un punto que resulta clave para la acusación.
Con estas declaraciones se completó prácticamente la etapa probatoria. Antes de cerrar esta ronda de testimonios, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la mañana siguiente para escuchar la última declaración prevista y avanzar luego hacia los alegatos finales.
La audiencia es presidida por el juez técnico Guillermo Pereyra, quien tiene a su cargo dirigir el debate y garantizar el cumplimiento de las reglas procesales, mientras que la decisión sobre la culpabilidad recaerá exclusivamente en el jurado popular. Por el Ministerio Público intervienen los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín, en tanto que la defensa oficial del imputado está a cargo de Nicolás Anuch y Karina Peralta.
Según lo establece el artículo 68 de la Ley 8478, una vez finalizada la producción de la prueba, las partes deben exponer sus alegatos de clausura ante el jurado. En esa instancia no pueden expresar opiniones personales sobre la credibilidad de los testigos ni referirse a pruebas que hayan sido excluidas del debate. Tampoco pueden invitar al jurado a decidir por fuera de la ley o de las instrucciones que posteriormente impartirá el juez.
El orden de las exposiciones prevé que primero alegue el representante del Ministerio Público Fiscal, luego los otros acusadores —si los hubiera— y finalmente la defensa. También se contempla la posibilidad de réplica para refutar argumentos nuevos introducidos por la contraparte.
Con los alegatos se abrirá el tramo más esperado del juicio por jurado en Salta. Allí, cada parte buscará persuadir a los ciudadanos que deberán emitir un veredicto. Para la fiscalía, será la oportunidad de sostener la acusación por femicidio y reforzar la hipótesis de que el crimen fue cometido con violencia de género y agravantes específicos. Para la defensa, en cambio, será el momento de cuestionar la consistencia de la prueba y plantear dudas razonables.
Una vez concluidas las exposiciones, el juez consultará al imputado si desea decir sus últimas palabras antes del cierre del debate. Luego impartirá al jurado las instrucciones finales sobre el marco legal aplicable y las pautas para la deliberación.
El caso no solo tiene impacto por la gravedad del hecho investigado, sino también por el contexto institucional: se trata de la primera experiencia concreta de juicio por jurado en la provincia, un sistema que incorpora la participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia penal. El veredicto que surja marcará un antecedente para futuros procesos bajo esta modalidad en Salta y en Argentina.
En un clima de expectativa, el tribunal popular se prepara para escuchar los argumentos finales que podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido. El desenlace quedará en manos de doce ciudadanos que, tras días de audiencias, deberán analizar la prueba producida y decidir si el acusado es culpable o no del femicidio que conmocionó al barrio Santa Lucía.
