Elián Ángel Valenzuela, el cantante de cumbia 420 conocido como L-Gante que se encuentra detenido en una causa por amenazas y privación ilegítima de la libertad de dos vecinos en la localidad bonaerense de General Rodríguez, se entrevistó este viernes con el juez de Garantías de Moreno que, entre lunes y martes próximos, deberá resolver si le otorga una excarcelación extraordinaria.
Fuentes judiciales aseguraron que L-Gante participó de lo que se denomina una audiencia "de visu", a la que fue citado por el juez de Garantías 2 del Departamento Judicial de Moreno, Gabriel Castro.
El cantante fue trasladado esta mañana desde su lugar de detención, en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, hasta los Tribunales de Moreno, donde estuvo acompañado por su abogado Juan Pablo Merlo, quien reemplazó la semana pasada a Alejandro Cipolla en la defensa del músico.
L-Gante fue citado especialmente por el juez y durante la audiencia el cantante pudo interiorizarse sobre los elementos del expediente que lo comprometen y preguntar sus dudas respecto a la imputación, dijeron las fuentes judiciales a Télam.
El juez de Garantías, quien la semana pasada modificó la calificación del delito por el que estaba imputado el músico, ahora deberá resolver el pedido de excarcelación extraordinaria entre el lunes y el martes, agregó la fuente consultada.
El letrado explicó que “la excarcelación puede ser bajo caución juratoria, es decir de palabra, constituyendo un domicilio, o subsidiariamente puede ser con el monitoreo electrónico, a través de una tobillera”.
Los cargos que pesan sobre L-Gante
En relación al denominado Hecho 1, que tuvo como víctima al denunciante Darío Gastón Torres, Valenzuela quedó imputado de “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas”; por el Hecho 2, con Rosa Passi de damnificada, se lo acusa por “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples", mientras que el Hecho 3 es la “tenencia simple de estupefacientes” por los 40 gramos de marihuana secuestrados en uno de los allanamientos.
Antes, los delitos estaban agravados “por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público”.
