El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso ante la Corte de Justicia para que se revise la reducción de condenas impuestas a Patricia del Valle Argañaraz, ex secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y otros implicados en un caso de estafas que afectó a múltiples familias.
La acción judicial busca que se deje sin efecto la decisión de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que había rebajado las penas originalmente establecidas por el Tribunal de Juicio. Según la Fiscalía, la modificación fue arbitraria y no consideró la gravedad de los delitos ni el alcance del perjuicio económico y social.
En noviembre de 2024, Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo, tesorera de la ADP, habían sido condenadas a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por administración fraudulenta y estafas reiteradas en 26 hechos distintos. Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi recibieron tres años de prisión condicional por su participación en los delitos.
Tras los recursos presentados por las defensas, la Sala IV del Tribunal de Impugnación modificó la calificación de los hechos, considerando los 26 episodios de estafa como un único delito de estafa continuada concurrente con administración fraudulenta. Como resultado, las penas se redujeron a tres años y seis meses de prisión para las principales responsables y a un año y seis meses condicional para los demás acusados.
El Ministerio Público Fiscal cuestiona esta interpretación y sostiene que los hechos no pueden considerarse como un único delito, dado que afectaron a 26 familias mediante maniobras independientes de captación de recursos. Por esta razón, solicita que se restablezcan las penas originales, que reflejarían de manera más justa la magnitud del daño causado.
El caso ADP es uno de los procesos judiciales más destacados en los últimos años en materia de delitos económicos vinculados a organizaciones sindicales, por la cantidad de afectados y el impacto social de los fraudes. La Corte de Justicia ahora deberá definir si acepta la apelación y mantiene la reducción de penas o revierte el fallo para restablecer las sanciones iniciales.
El recurso de queja fue presentado por el fiscal interino Daniel Espilocín, con el objetivo de que se declare mal denegado un Recurso de Inconstitucionalidad previamente planteado por la Fiscalía de Impugnación, que también había cuestionado la rebaja de condenas. De confirmarse el pedido, Patricia Argañaraz y Ana María Cerezo podrían volver a enfrentar penas de seis años de cumplimiento efectivo, mientras que Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi podrían recibir tres años condicionales.
La resolución final será clave no solo para los imputados sino también para las familias afectadas, que esperan justicia tras años de perjuicios económicos y personales. La definición de la Corte marcará un precedente en la interpretación de delitos económicos dentro de organizaciones sindicales y podría influir en futuros casos similares.
