El abogado salteño Santiago Pedroza continuará bajo prisión domiciliaria en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de estafas vinculadas a la venta de terrenos inundables e inhabitables en la provincia de Salta. La medida fue dispuesta tras la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y se mantendrá hasta que se concrete la colocación de una tobillera electrónica.
La resolución judicial incluye además una consigna policial permanente en su domicilio y un conjunto de restricciones estrictas. Pedroza no podrá tener contacto con denunciantes ni coimputados, y también quedó impedido de realizar declaraciones públicas sobre la causa, ya sea en medios de comunicación o en redes sociales. El objetivo es resguardar el avance de la investigación y evitar posibles interferencias.
La investigación está a cargo de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes encuadraron provisoriamente los hechos en al menos 40 presuntas estafas y la posible existencia de una asociación ilícita. Según la acusación, se habrían comercializado terrenos no habilitados, muchos de ellos ubicados en zonas inundables, lo que habría afectado a decenas de familias salteñas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal también solicitó la prisión preventiva del imputado, al advertir riesgos procesales como posible entorpecimiento de la investigación y riesgo de fuga. A esto se sumó el pedido de nuevas medidas de prueba, entre ellas pericias psicológicas, psiquiátricas y ambientales, además del análisis de teléfonos celulares secuestrados.
En paralelo, la Justicia aceptó las cauciones presentadas por la defensa. Se autorizó una garantía personal de su pareja y una caución real sobre un inmueble que quedó sujeto a embargo preventivo, como respaldo del cumplimiento de las medidas impuestas.
El expediente se originó a partir de denuncias presentadas desde 2023, luego de operativos de desalojo en terrenos ubicados en la zona del río Arias. A partir de esos hechos, se investiga si el abogado habría ofrecido asesoramiento y supuestas gestiones para la adjudicación de lotes a familias afectadas, cobrando importantes sumas de dinero.
De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, los pagos realizados por las víctimas habrían oscilado entre los 500 mil y los 8 millones de pesos por familia, en efectivo o mediante transferencias. En varios casos, los comprobantes entregados no tendrían validez suficiente o presentarían irregularidades.
Uno de los ejes centrales de la investigación es la situación de los terrenos ofrecidos. Organismos provinciales señalaron que muchos de los lotes no cuentan con habilitación legal y se encuentran en zonas consideradas inundables, lo que impide el desarrollo de viviendas seguras. También se detectó la falta de respaldo documental sobre las supuestas gestiones administrativas prometidas a los compradores.
El caso tomó mayor impulso tras un allanamiento en el estudio jurídico del acusado, en calle Córdoba 271 de la ciudad de Salta, donde se secuestró documentación vinculada a operaciones inmobiliarias y registros de pagos. La medida se realizó con la participación de un veedor del Colegio de Abogados.
La causa comenzó con la denuncia de un hombre que aseguró haber sido engañado en la compra de un lote en Atocha, pero con el avance de la investigación se sumaron nuevas presentaciones. Actualmente se estima que unas 40 familias habrían sido afectadas, aunque no se descarta que el número total de damnificados sea considerablemente mayor.
Mientras continúa la recolección de pruebas, la fiscalía busca determinar la magnitud del perjuicio económico y si existió una estructura organizada detrás de la presunta maniobra. El foco está puesto en esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en una causa que sigue sumando elementos en el fuero penal salteño.
