La tranquilidad habitual de la zona rural de Metán se vio alterada en la madrugada del 2 de diciembre, cuando un vecino del paraje Los Rosales terminó herido de arma blanca luego de una discusión con su expareja. El caso, que volvió a encender las alarmas sobre los episodios de violencia familiar en el sur salteño, avanzó rápidamente en la Justicia: el fiscal penal Gonzalo Gómez Amado solicitó que la mujer sospechada del ataque continúe detenida mientras se desarrolla la investigación.
Según los primeros datos que manejan los investigadores, la confrontación se desató cuando la víctima regresaba del Río Juramento acompañado de su actual pareja. Al llegar al portón de ingreso de su domicilio, se encontró con su expareja, quien lo esperaba en el lugar. La situación, lejos de resolverse con calma, habría escalado en pocos segundos. De acuerdo con el testimonio del hombre herido, la mujer lo interceptó y, en el marco de una discusión verbal, sacó un cuchillo que llevaba entre sus prendas. Con ese arma le habría asestado una estocada directa en el muslo derecho antes de escapar.
El ataque despertó la preocupación del personal sanitario del Centro de Salud de Los Rosales, donde un enfermero fue alertado sobre la existencia de un herido en una finca cercana. El trabajador de la salud se dirigió de inmediato hasta el destacamento policial para informar el caso y acompañar a los efectivos hasta el lugar del hecho. Al ingresar a la propiedad, la escena que encontraron confirmó la gravedad del episodio: el hombre estaba sentado en una silla, con la pierna apoyada sobre una banca y una venda a la altura del muslo, ya empapada en sangre.
Tras recibir asistencia primaria del enfermero, la víctima fue trasladada al centro de salud para una atención más completa. Las lesiones, según las primeras evaluaciones médicas, fueron catalogadas como leves, aunque el uso de un arma blanca y el contexto de violencia agravaron la situación judicial de la acusada.
El fiscal Gómez Amado, a cargo de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Metán en carácter de subrogante, imputó de manera provisional a la mujer de 41 años por el presunto delito de lesiones leves. Aunque la calificación inicial podría modificarse si surgen nuevos elementos, el planteo del fiscal fue claro: pidió al Juzgado de Garantías que continúe vigente la detención para resguardar la integridad del denunciante y evitar riesgos procesales.
Durante la audiencia de imputación, la mujer decidió abstenerse de declarar, un derecho que le garantiza el Código Procesal Penal. La defensa, en tanto, habría solicitado medidas alternativas a la detención, aunque aún se espera la resolución del juez en turno. En casos de violencia familiar, los jueces suelen ponderar la existencia de antecedentes, el vínculo entre las partes y el grado de riesgo para la víctima antes de decidir si corresponde mantener la privación de la libertad o disponer un control domiciliario u otra medida menos gravosa.
El episodio se enmarca en un escenario que preocupa a las autoridades salteñas: el aumento sostenido de intervenciones policiales y judiciales por situaciones de agresiones entre parejas o exparejas en los últimos años. En localidades como San José de Metán y Metán Viejo, los vecinos señalan que las zonas rurales no están exentas de estos conflictos, que muchas veces se agravan por la distancia con los centros urbanos y la falta de redes de contención inmediatas.
El caso del paraje Los Rosales dejó en evidencia esa vulnerabilidad. El hecho ocurrió pasada la medianoche, en un sector donde la iluminación es escasa y la mayoría de las viviendas se encuentra separada por amplios terrenos. La víctima aseguró que no esperaba encontrarse con su expareja al volver de una salida recreativa con su nueva pareja, y que la discusión fue tan repentina como violenta. Para los investigadores, la presencia de la mujer en el lugar no habría sido casual. Se busca determinar si estuvo esperando o si llegó en el mismo momento en que la víctima llegaba al portón de acceso.
Como parte de las medidas de investigación, se prevé tomar una declaración ampliada a la víctima una vez que se estabilicen las lesiones, además de recopilar información de los vecinos y del personal de salud que lo asistió en primera instancia. También se realizarán pericias sobre la ropa y sobre la posible trayectoria del cuchillo para determinar la mecánica de la agresión. Aunque la sospechosa se dio a la fuga tras el hecho, fue localizada horas más tarde por efectivos policiales y puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal.
La causa continuará su curso en los próximos días. Si el juez de Garantías convalida el pedido del fiscal, la mujer seguirá detenida mientras se avanza en la recolección de pruebas y en la evaluación del riesgo. Si, en cambio, se imponen medidas sustitutivas, deberán incluir restricciones de acercamiento, controles y prohibiciones para evitar cualquier contacto con la víctima.
En Metán, este tipo de hechos suele generar preocupación comunitaria. Los vecinos consultados afirman que, aunque la violencia de género y la violencia familiar no son problemas nuevos, cada caso que toma estado público sirve para reavivar el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención y la intervención temprana. En este sentido, los organismos provinciales suelen insistir en que es clave denunciar cualquier situación de amenaza o agresión antes de que escale a hechos más graves.
La justicia salteña continuará trabajando en este expediente que, aunque tipificado como lesiones leves, involucra una dinámica conflictiva entre personas con vínculo previo y un uso de arma blanca, elementos que requieren un análisis detallado para definir responsabilidades y sanciones. Mientras tanto, la comunidad de Los Rosales y alrededores espera una resolución que aporte claridad sobre lo sucedido y que permita disminuir la tensión generada tras la agresión.
El episodio refleja, una vez más, la compleja trama social que atraviesa a muchas familias en el interior de la provincia, donde los conflictos personales pueden volverse más intensos en contextos de vulnerabilidad y distancia geográfica. La intervención oportuna del personal de salud y de la policía evitó consecuencias más graves, pero el hecho deja planteada la necesidad de reforzar la presencia estatal en las zonas rurales para garantizar una respuesta rápida ante situaciones de violencia.
La resolución judicial sobre la situación de la acusada se conocerá en las próximas horas. Lo cierto es que el caso ya forma parte de la agenda local y pone nuevamente en primer plano la urgencia de trabajar en políticas de prevención, asistencia y concientización en todo el departamento Metán, donde la violencia familiar continúa siendo uno de los problemas más sensibles para la comunidad.
