Indignación, impotencia y una profunda sensación de desamparo institucional sacuden por estas horas a Salta tras conocerse la sentencia contra Nicolás Mendioroz Juncosa.
Un hombre de 42 años que, tras ser deportado de Australia y detenido al pisar suelo argentino, cerró en tiempo récord un juicio abreviado por estafar en 164 mil dólares a tres salteños mediante un falso esquema de inversión en criptomonedas.
La Justicia local resolvió aplicarle apenas dos años de prisión de ejecución condicional, un fallo cerrado hace pocas horas que prescindió por completo del aval de la querella y le permitió al imputado conservar su libertad sin la obligación de devolver un solo centavo a sus víctimas.
Se aprovechó de su confianza
El expediente expone con crudeza una matriz delictiva que caló profundo en el entramado social salteño, alimentada por el abuso de la cercanía y el afecto. Las maniobras salieron a la luz entre mayo y octubre de 2021, cuando el acusado tejió una red de engaños en ámbitos tan habituales de la vida local como las ligas de fútbol amateur, las juntadas en los terceros tiempos e incluso retiros espirituales donde daba charlas sobre superación.
Bajo el gancho insostenible de una rentabilidad mensual del 10% en dólares, Mendioroz Juncosa persuadió a tres conocidos de su entorno íntimo para que le entregaran los ahorros de toda su vida: dos de ellos aportaron 4 mil y 10 mil dólares, mientras que el tercero realizó una transferencia de 150 mil dólares.
Un trámite judicial exprés que ignora el daño social
La velocidad con la que la maquinaria judicial resolvió la causa contrasta amargamente con la larga espera de los damnificados, quienes llevaban tres años exigiendo explicaciones. A tan solo once días de su deportación e ingreso al país desde Oceanía, el imputado selló el acuerdo judicial asumiendo su responsabilidad penal por las tres estafas.
Sin embargo, lo que a priori parecía un avance procesal derivó en una farsa institucional: la sentencia dejó el proceso cerrado en los papeles, pero vació de sentido la reparación del daño al avalar un trámite exprés que marginó el reclamo central de las víctimas.
El cinismo de la "insolvencia" y la condena sin prisión
El nudo de la discordia se concentró en la audiencia oral, donde el acusado se declaró sin recursos económicos ni patrimonio para hacer frente a cualquier tipo de indemnización o restitución de fondos. Sorprendentemente, la magistratura provincial aceptó dicha declaración de insolvencia como un dato consumado, homologando la condena condicional sin exigir garantías reales ni investigar a fondo el destino final del capital defraudado.
De esta manera, el fallo impone reglas de conducta menores mientras el condenado camina libremente por las calles salteñas sin el menoscabo de un encierro efectivo.
La reacción de los afectados refleja el impacto devastador de un dictamen que privilegia la celeridad administrativa por encima del sentido común y la justicia distributiva. "La verdad es que decepciona, porque causó daño, no va preso y no devuelve la plata; es un sinsabor, hay como una ausencia del delito porque no hay reparación", señaló con crudeza una de las víctimas tras escuchar la resolución.
En su testimonio, remarcó la paradoja de haber depositado la fe en alguien que "se hacía pasar por nuestro amigo" para despojarlos sistemáticamente de su patrimonio y luego eludir cualquier consecuencia concreta.
El peligroso antecedente que sienta la Justicia salteña
Más allá del daño individual a estas familias, la decisión sienta un precedente jurisprudencial sumamente peligroso dentro del mapa de la delincuencia económica en el norte argentino.
En un contexto marcado por la proliferación de esquemas piramidales, esquemas Ponzi y engaños digitales que proliferan en la provincia, este caso emite un mensaje institucional desolador: estafar por montos exorbitantes en moneda extranjera cotiza al costo de una pena testimonial, siempre y cuando el imputado acepte firmar un papel y declararse en quiebra.
Frente al cierre de la vía penal, a las víctimas solo les queda el farragoso y costoso camino de las acciones civiles para intentar rastrear bienes o activos a nombre del condenado, una vía incierta y dilatada en el tiempo. El desenlace de la causa Mendioroz Juncosa deja al descubierto la urgencia de revisar la aplicación sistemática de los juicios abreviados cuando hay un perjuicio económico a gran escala.
La comunidad salteña asiste así a un nuevo capítulo donde la estafa se resuelve con firmas y la Justicia ratifica que la impunidad, en dólares, sale dolorosamente barata.
