El conflicto entre el Gobierno de la Provincia y la Asociación de Anestesia sumó un nuevo capítulo de tensión esta semana en Salta, manteniendo suspendidas las cirugías programadas en los principales hospitales públicos de la Capital y del interior.
La medida de fuerza, fundamentada por los profesionales en severos atrasos en la liquidación de honorarios y en la exigencia de recomposición salarial, solo deja margen para la atención de guardias y urgencias. Ante este escenario, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, endureció el discurso oficial y no descartó recurrir a la Justicia para forzar la normalización del servicio sanitario.
La raíz del reclamo sindical apunta a una constante demora administrativa en el cobro de las prestaciones. Desde el sector gremial sostienen que el Ministerio llegó a registrar deudas críticas, liquidando recién en el mes de octubre expedientes que correspondían al trabajo realizado en mayo. Esta brecha económica de casi medio año derivó en el cese de las actividades diferibles, afectando de lleno a las listas de espera en centros de referencia provincial como el Hospital San Bernardo o el Materno Infantil.
Cruce por deudas, números e irregularidades
Desde el Grand Bourg, la respuesta oficial combinó el reconocimiento parcial del problema con duras recriminaciones. Si bien Mangione admitió la existencia de compromisos pendientes y la legitimidad básica del reclamo por atrasos, cuestionó de forma categórica la cantidad de meses denunciados por la entidad médica. Para argumentar la posición del Estado, el titular de la cartera sanitaria reveló que en lo que va del año 2026 ya se desembolsaron más de $3.650 millones en concepto de guardias y prestaciones médicas dentro del sistema público.
Paralelamente a la discusión salarial, desde la cartera de Salud salieron a marcar la cancha con auditorías técnicas sobre el desempeño del sector. Según explicaron fuentes del área, los controles internos detectaron anomalías severas en la facturación presentadas por algunos profesionales, incluyendo superposiciones horarias e inconsistencias por servicios prestados de manera simultánea. Estas irregularidades contables fueron utilizadas por el Ejecutivo para bajar la tensión salarial y exigir mayor rigurosidad en las declaraciones juradas del sector.
Puertas cerradas a nuevos aumentos y la sombra de la Justicia
En lo relativo a la pauta salarial, el Gobierno cerró de manera drástica cualquier posibilidad de otorgar incrementos por fuera de los acuerdos generales alcanzados con los gremios estatales. "No tengo más para aumentarles. Tengo un equipo de salud detrás de ellos que también merece ganar", aseveró el ministro en declaraciones radiales, marcando un límite presupuestario y pidiendo un "balde de humildad y colaboración" a los especialistas en medio del complejo contexto socioeconómico que atraviesa la provincia.
El mayor impacto de esta paralización recae sobre cientos de pacientes salteños que aguardan por intervenciones complejas programadas desde hace meses. Aunque el Ministerio no precisó las cifras oficiales del parate operativo ni el volumen de la lista de espera acumulada, Mangione reconoció que la medida generó un "gran hueco" en la capacidad asistencial de los nosocomios públicos. Por esa razón, solicitó paciencia a los damnificados mientras se evalúan las alternativas para destrabar el cuello de botella quirúrgico.
Sin canales abiertos para un acuerdo inmediato, la provincia se encamina a un escenario de judicialización si la medida de fuerza persiste en los próximos días. Desde Salud consideran que la postura gremial atenta contra el derecho constitucional a la protección de la salud de los salteños. En ese sentido, el Ejecutivo dejó en claro que activará las presentaciones correspondientes ante la fiscalía o la justicia laboral si no se levanta el paro de forma inminente, con la premisa de garantizar el funcionamiento operativo de los quirófanos públicos.
