Santos Marcelo Castillo, condenado a prisión perpetua por el asesinato del sacerdote Ernesto Martearena, obtuvo la libertad condicional tras cumplir 25 años de su pena. La resolución fue adoptada por el juez de Ejecución y Detenidos de Primera Nominación, Rodolfo Quinteros, pese a la oposición de la Fiscalía y de familiares de la víctima.
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, responsable de la Unidad de Ejecución Penal y Control de Condena, manifestó su rechazo durante la audiencia y adelantó que el Ministerio Público Fiscal recurrirá la decisión judicial.
Entre los argumentos presentados, el representante fiscal señaló que los informes psicológicos incorporados al expediente no resultaban favorables para conceder el beneficio. Según sostuvo, Castillo no asumiría la condena como consecuencia de sus propios actos, sino que la consideraría una pena «extensa e injusta».
La Fiscalía también expuso antecedentes de conducta registrados durante su detención, incluidas sanciones disciplinarias. Entre ellas, mencionó un episodio relacionado con la tenencia de un arma blanca.
A partir de estos elementos, Ramos Ossorio solicitó que se rechazara el pedido de libertad condicional, al considerar que los informes y los antecedentes del condenado debían ser tenidos en cuenta al momento de evaluar su situación.
La familia de Ernesto Martearena también expresó su oposición. Durante la audiencia participaron sobrinas del sacerdote, quienes representaron a sus familiares y acompañaron el planteo de la Fiscalía para que Castillo continuara cumpliendo la condena en prisión.
Sin embargo, el juez Quinteros resolvió otorgar el beneficio, una decisión que ahora será cuestionada por el Ministerio Público Fiscal.
El caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre las condiciones para acceder a la libertad condicional en condenas por delitos graves y la valoración de los informes técnicos, los antecedentes disciplinarios y la postura de las víctimas o sus familiares.
Mientras la Fiscalía prepara la impugnación, la resolución judicial habilita a Castillo a acceder a la libertad condicional, pese a los cuestionamientos planteados durante la audiencia.