Una investigación internacional permitió detener en la ciudad de Salta a un efectivo de la Policía Federal Argentina, acusado de distribuir material de abuso y explotación sexual infantil. En los dispositivos digitales secuestrados al imputado se encontraron más de 60 mil archivos, entre fotos y videos, que contenían imágenes de niños y niñas abusados, los cuales distribuía e intercambiaba a través de redes del tipo P2P.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional al hombre, de 31 años, como autor del delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años, previsto en el artículo 128 del Código Penal.
Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó que permanezca detenido, mientras continúa la investigación.
La actividad ilícita fue detectada por el sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma dedicada a combatir la explotación sexual infantil y a colaborar con organismos internacionales en el rescate de víctimas.
A partir de la información obtenida sobre el tráfico de material ilegal —como dirección IP, proveedor del servicio, hora, aplicación utilizada e identificador de los archivos— se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del investigado, en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”.
En el lugar, los investigadores secuestraron evidencia digital y confirmaron la existencia de miles de archivos con contenido de abuso sexual infantil distribuidos mediante redes P2P (Peer to Peer), un sistema de intercambio de archivos entre computadoras que opera de forma descentralizada.
Desde la Fiscalía destacaron la importancia de este tipo de operativos para detectar, neutralizar y sancionar la actividad de personas vinculadas a la pedofilia, y remarcaron la necesidad de denunciar toda conducta sospechosa, promoviendo el compromiso de la sociedad —especialmente en los ámbitos familiar y escolar— en la protección de niños, niñas y adolescentes.
