La investigación sobre la red de trata de alumnas en Salta sumó este lunes un nuevo capítulo: ya son 33 las víctimas identificadas y nueve los imputados, mientras que el juez federal de Garantías N°1 amplió la imputación penal y extendió el plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
La causa, que comenzó formalmente el 11 de septiembre pasado tras la detención de cuatro personas, investiga la captación, promoción y explotación sexual de adolescentes de distintos colegios secundarios de la provincia. Desde entonces, otros cinco implicados fueron detenidos y sumados a la causa. Las autoridades no descartan que existan más menores afectadas.
En la última audiencia, que se prolongó más de seis horas, participaron el fiscal general Eduardo Villalba, la auxiliar fiscal Roxana Gual, el juez Julio Bavio, el defensor público de víctimas Nicolás Escandar, la abogada querellante Sandra Domene, otros letrados defensores y la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma. Allí se definieron nuevas imputaciones, reforzando las acusaciones contra los detenidos.
La investigación apunta actualmente a analizar el contenido de teléfonos y dispositivos secuestrados, junto con otras diligencias complementarias. Según detalló la fiscalía, los datos extraídos coinciden con los relatos de las víctimas, quienes identificaron a los acusados y los lugares donde se consumaba la explotación, incluyendo hoteles alojamientos sobre la ruta 26 y viviendas particulares.
Nuevas imputaciones y delitos
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas, así como por la cantidad de involucrados. Cinco de ellos también son acusados de integrar una asociación ilícita destinada a facilitar la prostitución.
Se imputó además la tenencia y distribución de material sexual de menores a seis acusados; corrupción de menores a uno; abuso sexual de una adolescente de 13 años a dos; y promoción y facilitación a la prostitución de menores a otros dos imputados. La fiscalía indicó que estas nuevas calificaciones se basan en evidencias sólidas, incluyendo transferencias bancarias, informes de redes sociales y peritajes tecnológicos.
El fiscal Villalba destacó que algunas víctimas expresaron sentirse atemorizadas, y que varios acusados habían amenazado a las menores para evitar ser denunciados. Estas situaciones motivaron la implementación de medidas de protección hacia las adolescentes involucradas.
Cómo surgió la red
El caso se originó a partir de la denuncia de una madre el 26 de junio del año pasado, tras descubrir mensajes de índole sexual enviados por un remisero actualmente imputado, que involucraban a su hija de 12 años. La investigación pasó de la justicia provincial al fuero federal, tras detectar indicios de trata de personas.
Según la fiscalía, el remisero fue identificado como el fundador de la red, pero no actuaba solo: todos los imputados participaron en la captación de víctimas y les exigían “traer amigas” para ampliar la red. Los hechos se remontan a 2023, y las víctimas provienen de distintos colegios, públicos y privados, y de diversas clases sociales.
Los acusados imponían exigencias sobre la apariencia física de las adolescentes y los actos sexuales que debían cumplir. Algunos mensajes revelaron pedidos para llevarlas a despedidas de solteros o encuentros después de actividades deportivas, con vestimenta y prácticas sexuales determinadas, además de forzarlas a consumir drogas.
La investigación continúa
El proceso incluye entrevistas en Cámara Gesell, consideradas fundamentales para reconstruir los hechos a partir del relato de las víctimas. La fiscalía y la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajan en conjunto, con apoyo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), para avanzar en peritajes, análisis de material digital y otras diligencias clave.
El avance de la causa dejó en evidencia la magnitud de la explotación: la red no solo captaba a niñas y adolescentes, sino que también operaba con un nivel de organización que implicaba coordinación entre los imputados y estrategias de ocultamiento de pruebas.
Las autoridades subrayaron que la ampliación del plazo de investigación busca asegurar que todos los delitos sean identificados, que se determinen responsabilidades y que se garantice justicia para las víctimas. Mientras tanto, se mantienen medidas de protección y contención para las adolescentes afectadas, en un trabajo que combina abordaje legal y psicológico.
En Salta, el caso se convirtió en un punto de atención para la sociedad y los organismos de protección de derechos de menores, generando un debate sobre la necesidad de reforzar políticas de prevención y concientización sobre la trata de personas en la provincia. La fiscalía advirtió que, aunque se lograron avances significativos, la investigación aún podría revelar nuevas víctimas o implicados, lo que mantiene la alerta sobre esta red de explotación sexual.
