La Justicia de Salta condenó a un ingeniero civil por una serie de maniobras fraudulentas vinculadas a la comercialización irregular de terrenos en el loteo Santa Mónica, ubicado al sudeste de la ciudad. El acusado, Arturo Alfonso Isola, fue hallado culpable del delito de estafa y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
La sentencia fue dictada por el juez Guillermo Pereyra, luego del desarrollo del juicio en el que se analizaron distintas pruebas y testimonios relacionados con las operaciones inmobiliarias que el imputado realizó años atrás. Durante el proceso, la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal y sostuvo la acusación contra el profesional.
De acuerdo con lo expuesto durante el debate, Isola llevó adelante una serie de ventas de terrenos en el loteo Santa Mónica pese a no contar con la titularidad ni la disponibilidad jurídica sobre el inmueble. La investigación permitió establecer que el condenado ofrecía y comercializaba parcelas dentro del predio como si fuera propietario o tuviera autorización para hacerlo, cuando en realidad no tenía derechos legales sobre esas tierras.
Uno de los puntos más graves que surgieron durante el juicio fue que algunos de los lotes fueron vendidos en más de una oportunidad. Es decir, distintos compradores adquirieron el mismo terreno sin saber que otras personas ya habían concretado operaciones similares previamente. Esta situación derivó en múltiples conflictos y reclamos judiciales cuando los compradores intentaron tomar posesión de los terrenos.
Las denuncias que dieron origen a la causa comenzaron a presentarse en 2018, cuando varios damnificados acudieron a la Justicia tras advertir irregularidades en las operaciones inmobiliarias. Según se pudo reconstruir en la investigación, las víctimas habían abonado dinero con la expectativa de adquirir un lote en el mencionado barrio, pero con el tiempo descubrieron que la situación dominial del terreno no era la que se les había informado.
Durante el juicio, la fiscalía expuso la documentación reunida en la investigación y explicó el mecanismo utilizado para concretar las maniobras de estafa. Entre las pruebas presentadas se analizaron contratos, recibos y otros documentos vinculados a las supuestas operaciones de venta que el acusado realizaba.
Según se detalló, el imputado ofrecía parcelas dentro del loteo Santa Mónica y formalizaba acuerdos con los compradores pese a no tener autorización legal para disponer del inmueble. La situación se agravaba en aquellos casos en los que un mismo terreno era vendido a más de una persona, generando un conflicto inevitable entre los supuestos propietarios.
En su alegato final, la fiscal Salinas Odorisio remarcó la gravedad de la maniobra y señaló que, si bien el juicio se centró en un hecho puntual que logró sostenerse dentro de los plazos legales, las operaciones fraudulentas vinculadas a ese loteo fueron de mayor magnitud.
En ese sentido, indicó que la maniobra desplegada por el condenado generó numerosas denuncias de personas que afirmaban haber sido víctimas de la misma modalidad de estafa. Sin embargo, una parte importante de esas causas no llegó a avanzar en la Justicia debido a que prescribieron con el paso del tiempo.
Según se explicó durante el proceso judicial, muchas de esas denuncias quedaron sin resolución luego de que el Estado provincial dispusiera la expropiación del inmueble en 2015. Esa decisión administrativa tuvo impacto en el desarrollo de varias causas relacionadas con la situación del terreno y derivó en la prescripción de algunos expedientes vinculados a las presuntas estafas.
A pesar de ese contexto, la investigación que llegó a juicio permitió reunir suficientes elementos para demostrar que el acusado había vendido terrenos sin tener derecho legal sobre ellos, configurando así el delito de estafa.
Tras analizar las pruebas y los argumentos de las partes, el juez Guillermo Pereyra resolvió condenar a Arturo Alfonso Isola a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Este tipo de condena implica que el acusado no cumplirá la pena en prisión siempre que respete determinadas reglas de conducta establecidas por la Justicia durante el tiempo que dure la condena.
El caso vuelve a poner en foco los riesgos que existen en algunas operaciones inmobiliarias cuando no se verifican correctamente las condiciones legales de los terrenos ofrecidos. En distintos puntos de la provincia de Salta se han registrado en los últimos años conflictos vinculados a loteos irregulares, ventas sin respaldo jurídico o problemas con la titularidad de los terrenos.
Las autoridades recomiendan que quienes estén interesados en adquirir un terreno realicen siempre las verificaciones correspondientes antes de concretar cualquier operación. Entre las medidas básicas se encuentra la revisión de la documentación dominial del inmueble, la consulta en el Registro de la Propiedad Inmueble y el asesoramiento de profesionales especializados.
El loteo Santa Mónica, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, fue uno de los escenarios donde se registraron este tipo de conflictos inmobiliarios en el pasado. Las irregularidades detectadas generaron reclamos de numerosos compradores que buscaban acceder a un terreno propio y se encontraron con una situación legal compleja.
Con la sentencia dictada en esta causa, la Justicia logró cerrar uno de los expedientes vinculados a estas maniobras de estafa, estableciendo la responsabilidad penal del acusado por las ventas irregulares que quedaron acreditadas durante el proceso judicial.
