El sujeto resultó condenado en un procedimiento abreviado llevado a cabo en la Sala II del Tribunal de Juicio, presidido por el juez Eduardo Sángari.
Se le impuso la pena de tres años de prisión condicional como autor de los delitos de estafas reiteradas (seis hechos), falsedad de instrumento público (un hecho) y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), en concurso real.
El juez dispuso que el imputado continúe en libertad por la modalidad de la pena dictada y le fijó reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años. Entre ellas, figura la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio en un plazo de 48 horas; prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de las víctimas y de ejercer actos de violencia física o verbal en su contra; mantener una actividad laboral lícita y de acuerdo a sus capacidades.
El juez admitió en concepto de reparación del daño causado el pago de montos específicos de dinero – en dólares- a cada uno de los damnificados.
El sujeto les decía a las víctimas que trabajaba en el Grand Bourg o en el Hospital San Bernardo y que era mano derecha del gobernador. Se ofrecía para gestionarles la entrega de una casa del IPV a través de sus contactos y les solicitaba diferentes montos de dinero para agilizar el trámite (pago de sellados y otras instancias burocráticas). En algunos casos les entregó a los damnificados documentos de la UOCRA garantizando que la adjudicación de las casas se iba hacer a través de ese gremio.
El hombre también fue denunciado por un conocido que le entregó una camioneta para que trabajara ya que lo consideraba una persona de confianza. En ese momento el acusado se encontraba desempleado y el damnificado le prestó el vehículo para ayudarlo a salir de su difícil situación. Le gestionó una cédula azul para que pudiera circular y le dijo que, una vez que todo mejore, lo autorizaba a ofrecer para la venta el rodado. Le entregó un formulario 08 en blanco para que se lo exhibiera a eventuales interesados. No obstante se negó a darle un poder y le advirtió que no vendiera la camioneta sin su conocimiento.
El imputado lo embarcó en operaciones que nunca se concretaban y fue dilatando la devolución del vehículo. Luego de varios intentos de venta frustrados comenzaron las actitudes evasivas del sujeto hasta que, un día, el damnificado recibió un email del Registro del Automotor referido a una transferencia. Concurrió a las oficinas para bloquear el trámite y logró comunicarse con el acusado, quien le confesó que había vendido la camioneta sin su autorización. Además se negó a entregarle el dinero de la operación.
