El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, sumó hoy nuevas declaraciones que profundizan las sospechas sobre el manejo de fondos municipales. Tres testigos detallaron irregularidades en la administración de recursos de una obra provincial y en el estado del parque automotor del municipio.
El primero en declarar fue un contador que trabajó durante la transición de gestión en diciembre de 2019. Relató que, al asumir, enfrentó dificultades para liquidar sueldos y aguinaldos debido a la falta de nóminas actualizadas y a que los registros de los seis meses anteriores no estaban volcados en el sistema. Además, explicó que se tuvieron que refinanciar pagos de cheques diferidos entregados por la gestión saliente a un proveedor de obra provincial. Señaló que esos fondos específicos no se utilizaron para el fin previsto y que no se logró determinar a dónde se habían desviado, aunque confirmó que se trataba de sumas significativas.
El segundo testigo fue el actual secretario de Obras Públicas de San Lorenzo, quien asumió en enero de 2020. Según su relato, al iniciar su gestión se encontró con vehículos y maquinaria pesada en estado de abandono. Indicó que el mal estado de los automotores no se debía a su antigüedad, sino a la falta de mantenimiento, y que no contaba con inventario alguno del parque automotor.
Finalmente, declaró una contadora de la Auditoría General de la Provincia que participó en noviembre de 2019 en el acta de inicio de un relevamiento para la transición municipal. Explicó que los funcionarios salientes deben informar sobre deudas, bienes, situación de Tesorería, presupuesto y últimas órdenes de pago. Aclaró que, aunque participó en el relevamiento, la auditoría financiera fue realizada por otra colega.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado presidido por Federico Diez, acompañado por Paola Marocco y Francisco Mascarello. La fiscal Claudia Geria representa al Ministerio Público, mientras que la Municipalidad de San Lorenzo está representada por Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez. La defensa de Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera, y la de los hermanos Gonza, por Roberto Tomás Aranda y Ariel Vázquez.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza enfrenta acusaciones de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. Por su parte, Rogelio Guaymás está imputado por peculado e incumplimiento de deberes, y Aldo Dalmiro Gonza por peculado como partícipe necesario.
El desarrollo de la causa mantiene en alerta a la comunidad de San Lorenzo y a los organismos provinciales de control, que buscan determinar el destino de los fondos desviados y garantizar la transparencia en la gestión municipal.
