El juicio contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta por presuntos abusos e irregularidades dentro de la Unidad Carcelaria 1 sigue sacando a la luz hechos de extrema gravedad. En la decimosexta audiencia, tres hombres que estuvieron privados de su libertad en ese penal relataron, con nombres y detalles, cómo operaba un sistema paralelo de pagos, amenazas y privilegios para algunos internos.
Uno de los testigos, aún detenido pero alojado en otra unidad, pidió que no lo trasladen nuevamente bajo la órbita del Servicio Penitenciario salteño, asegurando temer por su vida. Según su declaración, al ingresar al penal en noviembre de 2022, le advirtieron que debía "arreglar" con un jefe para evitar ser golpeado o abusado. Su familia le pagó 50 mil pesos a un funcionario penitenciario apellidado Bisceglia, con quien se reunieron en una confitería de El Tipal. A cambio, fue trasladado a un pabellón más tranquilo.
Relató además que realizó otros pagos por beneficios, e incluso permitió que retiraran madera de su empresa. También dijo que le ofrecieron una mejora de su situación procesal a cambio de 10 mil dólares, supuestamente con la intervención de una exautoridad del penal, un abogado y un juez del fuero correccional. Al negarse, comenzaron las amenazas. Llegó a sufrir un ACV y trastornos de salud por el estrés. Pidió ayuda a profesionales y autoridades, pero no fue escuchado.
Su testimonio también incluyó referencias a un grupo de jefes penitenciarios autodenominado los “Danger Boys”, que, según dijo, se reunían en un catamarán para decidir qué internos recibían beneficios. Identificó a algunos por apodos y aseguró que uno de los celadores, conocido como “Mielcita”, era quien proveía droga dentro del penal.
Sobre el ingreso de objetos prohibidos, aseguró haber visto cómo pasaban celulares a través de las rejas y que algunos internos recibían deliverys de pizzas y licor, a veces con marihuana oculta en las cajas. Al finalizar su declaración, el Tribunal ordenó su traslado a un lugar seguro y remitió la información a la Fiscalía para iniciar una nueva investigación.
Otro testigo, también interno del penal, fue identificado en un video en el que se lo ve retirando cajas de pizza entregadas por un agente penitenciario. Aseguró que era comida enviada por su madre y que obtuvo permiso del jefe de pabellón. Negó que dentro de las cajas hubiera drogas, aunque reconoció que sabía que ese tipo de ingresos no estaba permitido.
El último testigo, un exinterno que había sido advertido por negarse a declarar en una audiencia anterior, esta vez se mantuvo en silencio pese a estar bajo juramento. Ante esto, la Fiscalía pidió su detención por presunto falso testimonio y que se remitan las actuaciones a la fiscalía de turno.
Las nuevas declaraciones complican aún más la situación de los funcionarios imputados y ponen bajo la lupa el funcionamiento interno de la cárcel de Villa Las Rosas. El juicio, que ya dejó al descubierto un entramado de corrupción penitenciaria, podría derivar en nuevas causas judiciales por los delitos que surgieron en estos testimonios. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar cuán profunda es la red de complicidades que operaba dentro del penal y hasta dónde llegan sus vínculos fuera de los muros.
