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CONDENA JUDICIAL

Utilizaba recompensas de Free Fire para ganarse la confianza de un niño: fue condenado a ocho años de prisión

La Justicia halló culpable a un hombre de 27 años por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de un menor.

Utilizaba recompensas de Free Fire para ganarse la confianza de un niño: fue condenado a ocho años de prisión

La Justicia condenó a ocho años de prisión efectiva a un hombre de 27 años tras encontrarlo responsable de delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de un niño de 10 años al momento de los hechos. La sentencia fue dictada luego de un juicio oral en el que se analizaron testimonios, pericias psicológicas y distintos elementos de prueba que permitieron reconstruir lo sucedido y acreditar el daño sufrido por la víctima.

Según se ventiló durante el debate, el acusado utilizaba como estrategia de acercamiento recompensas vinculadas al popular videojuego Free Fire. A través de la entrega de "diamantes", la moneda virtual utilizada dentro de la plataforma, lograba captar el interés del niño y fortalecer un vínculo de confianza que posteriormente aprovechó para cometer los hechos por los que fue juzgado y condenado.

La investigación permitió establecer que el hombre formaba parte del entorno cercano del menor y mantenía una relación de confianza con la familia. Esa situación facilitó el contacto frecuente con el niño, a quien invitaba a compartir partidas de videojuegos y participar en actividades relacionadas con el juego online.

El caso salió a la luz gracias a la intervención de la comunidad educativa. Docentes y directivos comenzaron a advertir señales de alerta cuando el alumno registró reiteradas inasistencias y cambios notorios en su comportamiento habitual. La preocupación llevó a activar los protocolos previstos para la protección de niños, niñas y adolescentes.

Durante una conversación mantenida en un ámbito de contención dentro de la escuela, el menor logró expresar situaciones que venía atravesando. A partir de ese momento se puso en marcha una investigación que avanzó con la toma de testimonios, evaluaciones profesionales y distintas medidas probatorias.

La participación del establecimiento educativo fue considerada un elemento central para el esclarecimiento del caso. En el juicio se destacó el rol de los docentes, quienes detectaron señales que se alejaban de la conducta habitual del alumno y decidieron intervenir de manera oportuna.

Los testimonios de familiares y allegados permitieron conocer el impacto que la situación había tenido en la vida cotidiana del niño. De acuerdo con las declaraciones incorporadas a la causa, el menor comenzó a mostrarse más retraído, con dificultades para relacionarse y con un marcado cambio en sus hábitos habituales.

Personas cercanas señalaron que dejó de participar en actividades recreativas que antes disfrutaba, entre ellas la práctica de fútbol, y que evitaba determinados lugares por temor. También se observaron alteraciones emocionales y una tendencia creciente al aislamiento.

Las pericias psicológicas realizadas durante la investigación detectaron indicadores compatibles con situaciones de vulneración de derechos y describieron consecuencias emocionales significativas. Los informes incorporados al expediente señalaron la presencia de altos niveles de estrés, inseguridad, dificultades para expresar emociones y otros signos asociados a experiencias traumáticas.

Durante el juicio también se analizó la forma en que algunas personas utilizan herramientas digitales o elementos vinculados al entretenimiento infantil para construir vínculos de confianza con menores. Los especialistas remarcaron que estas estrategias suelen formar parte de mecanismos de manipulación que buscan generar cercanía y dependencia emocional.

Otro de los aspectos destacados fue la importancia de escuchar y acompañar a los niños cuando manifiestan cambios de comportamiento o expresan situaciones que les generan angustia. En este sentido, la intervención temprana de adultos responsables resultó fundamental para que la investigación pudiera avanzar.

Tras evaluar la totalidad de las pruebas presentadas durante el debate, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado y dispuso la condena a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

El caso vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar las medidas de prevención y concientización sobre los riesgos que pueden existir en entornos digitales frecuentados por niños y adolescentes. También resalta el valor de la escuela, la familia y los espacios de contención como ámbitos clave para detectar señales de alerta y actuar a tiempo.


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