La investigación internacional que reveló una red de desinformación vinculada a intereses rusos en Argentina sigue generando impacto en el ámbito mediático y político. En ese escenario, una diferencia quedó rápidamente expuesta: mientras más de 20 medios fueron mencionados en los documentos filtrados, solo dos —A24 e Infobae— avanzaron hasta el momento en identificar a responsables concretos dentro de sus propias estructuras.
El dato no es menor. En un contexto donde la credibilidad de los medios está bajo la lupa y la circulación de contenidos digitales crece a gran velocidad, la reacción de cada empresa periodística frente a una denuncia de este tipo se vuelve clave. Y en este caso, el contraste entre quienes optaron por investigar puertas adentro y quienes eligieron el silencio resulta evidente.
Según surge de la información difundida, la mayoría de los portales señalados en la investigación internacional evitó dar precisiones sobre su posible participación en la publicación de artículos financiados. En algunos casos, no hubo respuesta ante las consultas. En otros, se apeló a explicaciones generales o se atribuyó la responsabilidad a terceros sin mayores detalles.
En cambio, A24 e Infobae avanzaron en una línea distinta. Ambos medios iniciaron revisiones internas luego de tomar conocimiento de la posible existencia de contenidos vinculados a la operatoria y terminaron señalando a periodistas que habrían participado en la publicación de esas notas.
En el caso de A24, el nombre que trascendió fue el de Pablo Winokur. De acuerdo a lo que se conoció, el Grupo América puso en marcha un relevamiento interno a partir de una consulta periodística que advertía sobre la presencia de al menos diez artículos sospechados de integrar el esquema financiado desde Rusia.
Ese proceso permitió identificar que las notas en cuestión correspondían a Winokur, quien ya no ocupaba el mismo rol dentro de la empresa. Según trascendió, había sido desplazado de su puesto en diciembre y posteriormente reubicado en otra área. La situación abrió interrogantes sobre los mecanismos de control editorial y la trazabilidad de los contenidos publicados.
Por su parte, Infobae también quedó involucrado en el análisis a partir de la detección de artículos presuntamente vinculados a la red. En este caso, el nombre señalado fue el de Juan Pablo Piscetta, quien forma parte de la comisión gremial interna y tiene participación en el ámbito sindical del periodismo.
De acuerdo a la información difundida, Piscetta habría publicado al menos dos artículos asociados a esta operatoria, por los que habría recibido un pago cercano a los mil dólares. El hecho generó un fuerte malestar dentro de la redacción, donde surgieron cuestionamientos y pedidos de medidas concretas frente a la situación.
Más allá de los casos puntuales, lo que sobresale es la diferencia en la respuesta institucional. Mientras estos dos medios avanzaron en la identificación de nombres propios, el resto del ecosistema mediático mencionado en la investigación no presentó, hasta ahora, definiciones públicas en ese sentido.
Entre los portales que aparecen en los documentos filtrados se encuentran C5N, Ámbito, El Destape, Diario Con Vos, Diario Registrado, Big Bang News, Dos Bases y Realpolitik, entre otros. Todos ellos habrían sido parte, en distinta medida, de la difusión de contenidos que integraban el esquema financiado.
Sin embargo, hasta el momento no se conocieron investigaciones internas que hayan derivado en la identificación de responsables concretos dentro de esas estructuras. En algunos casos, se argumentó desconocimiento sobre el origen de los artículos. En otros, se mencionó la posibilidad de intermediarios o agencias externas, sin mayores precisiones.
El silencio o las respuestas parciales contrastan con la magnitud de la operatoria que se investiga. Según los documentos analizados, la red habría destinado alrededor de 283.000 dólares para instalar más de 250 publicaciones en medios argentinos entre junio y octubre de 2024.
El objetivo, de acuerdo a la reconstrucción realizada, habría sido influir en la agenda política local, con contenidos orientados a cuestionar al Gobierno nacional, amplificar conflictos sociales y posicionar narrativas alineadas con intereses geopolíticos rusos.
Uno de los aspectos más preocupantes de este esquema fue la utilización de identidades falsas para firmar los artículos. A través de herramientas de inteligencia artificial, se crearon perfiles completos de supuestos periodistas o analistas que, en realidad, no existían. Esta estrategia permitió dotar de credibilidad a contenidos que, en muchos casos, incluían información distorsionada o directamente falsa.
En este contexto, la responsabilidad de los medios en la verificación de contenidos vuelve a estar en el centro del debate. La posibilidad de que artículos financiados desde el exterior sean publicados sin controles adecuados plantea un desafío concreto para la calidad informativa.
En Salta, donde el consumo de noticias digitales y redes sociales es cada vez más alto, este tipo de situaciones genera preocupación. La circulación de contenidos sin chequeo riguroso puede impactar directamente en la opinión pública y en la forma en que se perciben los temas políticos y económicos.
Especialistas en comunicación advierten que las operaciones de desinformación actuales ya no se limitan a la difusión de noticias falsas aisladas. Se trata de estrategias integrales que combinan financiamiento, tecnología y estructuras mediáticas para instalar discursos de manera sostenida.
Frente a este escenario, la transparencia y la autocrítica dentro de los medios aparecen como elementos clave. La decisión de investigar internamente y exponer posibles irregularidades, como ocurrió en A24 e Infobae, marca un camino que otros actores del sector todavía no han seguido.
La investigación continúa y no se descarta que en las próximas semanas surjan nuevos datos sobre el alcance de la red en Argentina. Mientras tanto, el caso deja al descubierto una realidad compleja: la disputa por la información se libra no solo en los contenidos, sino también en la responsabilidad de quienes los publican.
En un contexto donde la confianza en los medios es un activo cada vez más frágil, cada decisión editorial adquiere un peso determinante. Y en ese escenario, la forma en que se responde ante una crisis puede ser tan importante como la información que se difunde.
