En una sesión ordinaria marcada por la polarización, la Cámara de Diputados de Salta fue escenario de un intenso debate tras la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.
Las posturas encontradas entre los legisladores reflejaron las profundas divisiones políticas en torno a la sentencia, que condenó a la exmandataria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La primera en tomar la palabra fue la diputada libertaria Griselda Galleguillos, quien celebró el fallo como un hito para la democracia argentina. “En Argentina nadie está sobre la ley”, afirmó con vehemencia, descartando que se trate de una persecución política.
Para Galleguillos, la condena es el resultado de un proceso de investigación exhaustivo que, aunque lento, demuestra que “podemos creer en la Justicia”. La legisladora fue más allá al exigir que la sentencia no se limite a Fernández de Kirchner, sino que alcance a “todo su entorno”, en un claro mensaje contra la corrupción. “No queremos más políticos que se enriquezcan”, sentenció, calificando el día como “glorioso” para la democracia y abogando por un país donde “la ley no distinga apellidos ni partidos políticos”.
En contraste, el diputado Luis Mendaña salió en defensa de la expresidenta, denunciando que el fallo de la Corte Suprema es “netamente político” y está basado en un proceso “plagado de irregularidades”. Según Mendaña, el juicio no respetó el derecho de defensa de Fernández de Kirchner y constituye una “aberración” por parte de una Corte que, a su juicio, actúa como “adicta al gobierno de turno”.
El legislador acusó al Poder Judicial de alinearse con el poder político de cada momento, tejiendo alianzas que socavan su independencia. “Es verdad lo que dice la expresidenta: tenemos un partido judicial”, afirmó, cuestionando la credibilidad de la condena y advirtiendo sobre la vulneración de derechos constitucionales en contextos electorales.
El cruce en la Cámara salteña refleja el clima de tensión que la ratificación de la condena ha generado en el ámbito político nacional, con posturas irreconciliables que anticipan nuevos debates sobre el rol de la Justicia y la lucha contra la corrupción en Argentina.
