Cristina Kirchner trató de vagos a los docentes, Massa les recortó $70.000 millones y Alberto Fernández los mantuvo un año y medio fuera del aula. Pero eso no le saca al gobierno la obligación de responder: los salarios docentes están en el piso histórico y el éxodo de profesores ya es un problema real.
¿Le conviene al Gobierno enfrentarse con la universidad pública?
Maquiavelo decía: “No hay nada más peligroso que equivocarte de enemigo”. El gobierno puede tener como enemigo al kirchnerismo, al macrismo, a la izquierda, a la derecha, al sindicalismo mafioso, a los periodistas, a la casta política o a la casta judicial. Pero no es tan claro que sea una buena idea tener como enemigo a la universidad pública.
Primero, porque la sociedad argentina valora muchísimo la educación pública. La entiende como un motor de la movilidad social ascendente: permite que el joven pobre o de clase media pueda educarse, conseguir trabajo y cambiar su vida. Permite que un chico de un barrio humilde del Conurbano se convierta en médico, abogado, ingeniero, programador, analista de datos, contador o arquitecto. Argentina tiene una tradición muy fuerte de movilidad social ascendente —o la tenía—: hijos de obreros que llegaron lejos gracias a la universidad pública. Eso en este país se valora mucho.
Más aún, si uno mira el gabinete del actual gobierno, encuentra productos de la universidad pública por todos lados:
- El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es economista de la UBA.
- El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, es economista de la Universidad Nacional de La Plata.
- El ministro de Salud, Mario Lugones, es médico de la UBA.
- El ministro del Interior, Diego Santilli, es contador público de la UBA.
- El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se recibió de abogado en la UBA.
Por todo eso, habría que revisar seriamente si pelearse con la universidad pública es una buena estrategia.
Por supuesto, la marcha de hoy tuvo un altísimo componente político-partidario. El que no ve eso analiza la política con una ingenuidad supina. Sobre todo porque ninguno de los que levantó hoy la banderita de la UBA tiene autoridad moral para hacerlo.
Sergio Massa, por ejemplo, en su otra vida decía barbaridades sobre los sindicatos docentes y en particular sobre Roberto Baradel. Está claro que hay gente cuya palabra vale cero: ni Massa, ni Cristina Kirchner, ni Kicillof, ni Máximo, ni La Cámpora, ni Grabois, ni Baradel. Ninguno de esos personajes puede pararse ahora como paladín de la educación pública.
Este tema no puede ser el refugio moral de los que destruyeron un país entero. En agosto de 2023, el diario La Nación publicó que Massa recortó recursos para educación, producción, obras públicas, transporte y salud, y que el Tesoro recortó transferencias previstas en $70.000 millones al Ministerio de Educación. Nos hubiera encantado ver a todos los que marcharon hoy decir algo en ese momento.
Ni hablar de Cristina Fernández, que trató de vagos a los docentes por tomarse tres meses de vacaciones, y chicaneó con una ironía espantosa a la Universidad de La Matanza. Si hubo un gobierno que maltrató a la educación pública, fue el kirchnerismo. Los datos de UNICEF son contundentes: el 80% de los chicos que ingresan a la secundaria tiene dificultades para leer y entender un texto simple, y solo el 29% de los que entran termina en el tiempo esperado. Rompieron el país en serio.
En una entrevista reciente con Novaresio, Valentín Frabotta, presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA, quedó trabado en Análisis Matemático 1 del CBC. Lo que parece una anécdota es en realidad un problema muy serio.
Los datos oficiales del Ministerio de Capital Humano son elocuentes. De un total de 1.980.136 estudiantes universitarios en todo el país, solo el 45% son regulares —es decir, aprobaron dos o más materias—; el 37% no son regulares, y el 18% no tiene información. En otras palabras: cuatro de cada 10 alumnos universitarios aprobaron menos de dos materias. Tal vez habría que repensar el modelo socio-educativo de la Argentina, además de hablar de la plata.
Estos chicos son los hijos de la pandemia, los hijos de la cuarentena. Los que estuvieron un año y medio sin ir al colegio porque Alberto Fernández medía bien en las encuestas. El presidente Fernández dijo en su momento que volver a las clases no era prioridad: “Nadie sufrió por recibirse un año antes o un año después”. Son los mismos que ahora salen a la calle con una bandera de la UBA. Toda esa gente debería mantener el pico cerrado.
Dicho esto, el gobierno tiene un problema serio para resolver cuanto antes. Los salarios docentes universitarios son los más bajos de los últimos 23 años, según el Consejo Interuniversitario Nacional. Un jefe de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva gana $1.060.054, cuando debería estar en $1.612.000: perdió más del 30% del salario real. Y el éxodo de profesores es alarmante: en la UBA renunciaron 103 docentes en Veterinaria, 100 en Agronomía, 342 en Ingeniería y 438 en Exactas.
Ante la primera gran marcha universitaria, Milei respondió con su estilo habitual: “Les gané a todos”. Esa actitud es un error. No conviene tomarse a la ligera una movilización por una causa noble. Hoy no se pidió por planes sociales, ni por el INADI, ni por el INCAA, ni por Boudou, ni por Cristina. Se pidió por la universidad pública, en un contexto delicado para el gobierno.
Según la Universidad de San Andrés, el 37% aprueba la gestión y el 60% la desaprueba. Las principales preocupaciones de la ciudadanía son los bajos salarios (37%), la falta de trabajo (37%), la corrupción (36%), la pobreza (30%) y la inseguridad (26%). La buena noticia para el gobierno es que nadie de la oposición capitaliza esta marcha: la imagen negativa de Martín Lousteau llega al 59%; la de Miguel Pichetto y Axel Kicillof, al 60%; la de Cristina Kirchner, al 61%; la de Sergio Massa, al 68%; y la de Máximo Kirchner, al 69%.
Pero mal de muchos, consuelo de tontos. El problema no es Adorni. El problema no es Libra. El problema no es Spagnuolo. El problema ni siquiera es la plaza. El problema es la billetera. Y el gobierno lo sabe.
Opiniones libres; hechos sagrados.
