![[NO ENTIENDEN A MILEI] En Salta los libertarios son -medio- zurdos](https://www.agendasalta.com.ar/public/images/noticias/thumbs/69135-no-entienden-a-milei-en-salta-los-libertarios-son-medios-zurdos.webp)
La Justicia federal ratificó la plena vigencia de la medida cautelar que protege el presupuesto de las universidades públicas, en un nuevo capítulo de la pulseada legal que enfrenta al Ejecutivo nacional con la comunidad académica.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo devolvió el expediente al juzgado de primera instancia para exigir su cumplimiento inmediato, cerrando la puerta a cualquier intento de dilatar la ejecución de los fondos.
El trasfondo de esta resolución judicial se cimenta en el rechazo de la Corte Suprema de Justicia al recurso extraordinario que había interpuesto el Estado nacional. A raíz de este fallo del máximo tribunal, la apelación que en su momento había presentado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la cautelar quedó abstracta, desmoronando por completo los argumentos con los que el Gobierno pretendía frenar la aplicación de los pagos.
En términos prácticos, esta disposición obliga de manera directa al Poder Ejecutivo a destinar de forma urgente los recursos económicos necesarios para recomponer los salarios del personal docente y no docente. Asimismo, el revés judicial alcanza de lleno a la reactivación de los programas de becas estudiantiles, una de las demandas más sensibles que venían reclamando las distintas casas de altos estudios del país.
Este intrincado conflicto legal se desató a partir de la implementación del Decreto 759/25, una norma dictada por la administración central con la intención de condicionar los efectos de la Ley de Financiamiento Universitario. Aquella ley había superado un fuerte debate legislativo y un veto presidencial previo, respaldada no solo por una amplia mayoría en el Congreso sino también por masivas movilizaciones en las calles de todo el país en defensa de la educación pública.
Durante los últimos meses, el deterioro salarial y el ajuste en el funcionamiento cotidiano de las facultades provocaron un escenario de extrema tensión institucional. Gremios universitarios y federaciones estudiantiles se habían unido para impulsar amparos colectivos ante la constante dilación en la transferencia de los fondos corrientes, advirtiendo sobre el riesgo latente que sufrían el sistema científico y las becas Progresar.
Mientras la discusión de fondo sobre la constitucionalidad y el alcance definitivo del presupuesto continúa su curso en los tribunales, este fallo representa un alivio financiero crucial para las universidades. El Gobierno nacional queda ahora contra las cuerdas, obligado a cumplir con los giros presupuestarios bajo apercibimiento legal mientras el sistema educativo busca recuperar previsibilidad tras un período de alta confrontación.
