La Justicia federal dio un nuevo paso en una de las causas de corrupción más emblemáticas de la Argentina. La Cámara Federal de Casación Penal habilitó el avance sobre el patrimonio de Martín Báez para ejecutar una multa millonaria vinculada a la causa conocida como Ruta del Dinero K.
La decisión judicial ratifica que la sanción económica impuesta al hijo mayor de Lázaro Báez se encuentra firme y habilita el decomiso y eventual remate de bienes con el objetivo de cubrir la multa de 274 millones de dólares establecida en la sentencia.
El fallo fue firmado por los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala IV de Casación, quienes rechazaron los planteos realizados por la defensa de Martín Báez para intentar frenar la ejecución patrimonial.
Según resolvió el tribunal, la multa ya constituye un “título ejecutivo”, lo que permite avanzar sobre bienes embargados, cuentas, ingresos y propiedades registradas a nombre del condenado.
La medida representa un punto clave dentro de la etapa de ejecución de sentencias por corrupción y lavado de activos, especialmente en una causa que durante años ocupó el centro de la escena política y judicial argentina.
Desde el Tribunal Oral Federal 4 ya se había intimado previamente a Martín Báez para que depositara el monto establecido dentro de un plazo de diez días. Ante el incumplimiento, la Justicia quedó habilitada para avanzar directamente sobre su patrimonio.
La defensa del empresario intentó detener el proceso argumentando que la medida podría generar un “despojo patrimonial irreversible”. También planteó que una de las propiedades afectadas es utilizada como residencia por hijos menores de edad del imputado y pidió la posibilidad de implementar un esquema de pago en cuotas.
Además, los abogados sostuvieron que aún existe un planteo de inconstitucionalidad pendiente respecto del monto de la multa impuesta.
Sin embargo, la mayoría de la Cámara consideró que esos argumentos resultan prematuros en esta instancia y que la prioridad es garantizar el cumplimiento de la condena económica derivada de las maniobras de lavado investigadas.
El único voto parcialmente disidente fue el del juez Mariano Borinsky, quien sostuvo que el tribunal de origen debió fundamentar con mayor profundidad el rechazo al pedido de pago fraccionado antes de avanzar con medidas de decomiso.
La situación judicial de Martín Báez está directamente vinculada al entramado de sociedades y operaciones financieras investigadas en la Ruta del Dinero K, una causa que expuso un complejo esquema internacional de lavado de activos relacionado con fondos provenientes de la obra pública.
El hijo del empresario patagónico fue condenado a nueve años de prisión por su participación central dentro de la estructura financiera utilizada para blanquear dinero. Parte importante de la condena la cumplió bajo arresto domiciliario en Río Gallegos y en 2023 obtuvo la excarcelación tras haber cumplido más de dos tercios de la pena.
Por su parte, Lázaro Báez recibió una condena unificada de 15 años de prisión luego de sumar las sentencias de la Ruta del Dinero K y de la causa Causa Vialidad, expediente en el que también fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación judicial estuvo encabezada durante la instrucción por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, quienes reconstruyeron una red financiera internacional destinada a ocultar y legalizar fondos de origen ilícito.
De acuerdo con la causa, el esquema incluyó la creación de sociedades offshore en paraísos fiscales, apertura de cuentas bancarias en el exterior y movimientos de dinero en países como Suiza y Panamá.
Las maniobras investigadas permitieron, según determinó la Justicia, el lavado de más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015, fondos que habrían tenido origen en contratos de obra pública adjudicados durante gobiernos kirchneristas.
El avance sobre los bienes de Martín Báez vuelve a colocar a la Ruta del Dinero K en el centro de la agenda judicial argentina y marca una nueva etapa enfocada ya no solo en las condenas penales, sino también en la recuperación económica de activos vinculados a hechos de corrupción.
En un contexto nacional atravesado por el debate sobre transparencia, gasto público y corrupción política, la ejecución de multas millonarias y el decomiso de bienes aparecen como herramientas clave dentro de las causas federales más resonantes de los últimos años.
Mientras tanto, la Justicia continúa avanzando sobre el patrimonio de los condenados con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de las penas económicas impuestas en uno de los expedientes más importantes de la historia judicial reciente de la Argentina.
