El Gobierno nacional acelera el paso para tratar la reforma laboral en la Cámara de Diputados el próximo 25 de febrero y asegura que cuenta con los votos necesarios para convertir el proyecto en ley sin modificaciones. La intención del Ejecutivo es cerrar el trámite legislativo durante el período de sesiones extraordinarias y evitar que el texto deba regresar al Senado para una segunda revisión.
Luego de obtener media sanción en la Cámara Alta, el oficialismo confía en que la votación en Diputados no presentará mayores obstáculos. “No vamos a tener problemas en Diputados”, sostienen desde Nación, donde aseguran que el escenario parlamentario está bajo control y que los acuerdos políticos ya están encaminados.
En la Casa Rosada afirman que el piso de respaldo ronda los 117 diputados y que las negociaciones para alcanzar el número necesario están muy avanzadas. La mirada está puesta principalmente en legisladores que responden a gobernadores, un sector que suele ser determinante en votaciones ajustadas y que en los últimos debates mostró disposición al diálogo.
El oficialismo también trabaja para garantizar el acompañamiento de bloques considerados dialoguistas y aliados estratégicos, entre ellos el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical. La estrategia parlamentaria se articula desde la mesa política que funciona en Balcarce 50, con reuniones constantes con jefes de bloque y referentes legislativos.
El objetivo es ordenar rápidamente el paso por comisiones y acelerar la firma de los dictámenes una vez finalizado el fin de semana largo de Carnaval. La hoja de ruta apunta a que el proyecto llegue al recinto en la última semana de febrero, con los acuerdos ya consolidados y sin margen para sorpresas.
En el entorno presidencial sostienen que los cambios incorporados durante el tratamiento en el Senado funcionaron como un “punto de equilibrio” que permitió ampliar el respaldo político. Esos retoques, aseguran, facilitaron el acompañamiento de sectores que inicialmente tenían reparos y podrían replicar el mismo esquema de apoyos en la Cámara Baja.
La reforma laboral es uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno y forma parte del paquete de medidas orientadas a modificar el régimen de contratación, indemnizaciones y relaciones laborales en la Argentina. Desde el Ejecutivo insisten en que la iniciativa busca modernizar el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y fomentar la generación de empleo formal.
Sin embargo, el proyecto genera un fuerte debate político y sindical en todo el país, incluida la provincia de Salta, donde distintos sectores productivos siguen de cerca el impacto que podría tener en actividades clave como la agroindustria, la minería y el comercio. En distritos del interior, donde predominan economías regionales y empleo estacional, los cambios en las modalidades de contratación despiertan particular interés.
El Gobierno sabe que cada voto cuenta y por eso las negociaciones se llevan adelante con especial cuidado. Los encargados de conducir el diálogo parlamentario son el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, quienes mantienen contactos permanentes con gobernadores y referentes legislativos.
La estrategia oficial apunta a evitar modificaciones en Diputados. Si el texto se aprueba tal como salió del Senado, quedará convertido en ley de manera automática. En cambio, cualquier cambio obligaría a que el proyecto vuelva a la Cámara Alta, dilatando los tiempos y extendiendo el debate más allá de las sesiones extraordinarias.
En este contexto, el 25 de febrero aparece como una fecha clave para el oficialismo. La intención es llegar a esa jornada con el número cerrado y con un dictamen que permita una sesión ordenada. Puertas adentro, el mensaje es claro: el Gobierno quiere mostrar fortaleza política y capacidad de gestión legislativa en uno de los temas más sensibles de la agenda nacional.
Mientras tanto, en las provincias se sigue de cerca el pulso del Congreso. En Salta, tanto el sector empresarial como los sindicatos analizan el alcance de la reforma laboral y el impacto que podría tener en las relaciones de trabajo, en un escenario económico que continúa marcado por la inflación, la caída del consumo y la necesidad de generar empleo genuino.
Si el oficialismo logra convertir la reforma en ley antes de que finalicen las sesiones extraordinarias, dará por cerrado uno de los capítulos más relevantes del verano político. El debate, de todos modos, promete continuar en la arena pública, donde empresarios, trabajadores y dirigentes políticos seguirán midiendo el alcance real de los cambios impulsados por el Gobierno nacional.
