Aguas Blancas y Salvador Mazza presentaron un amparo colectivo contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para frenar las restricciones al comercio fronterizo establecidas por la Resolución General 5910/2026. El planteo incluye un pedido de medida cautelar para suspender su aplicación mientras la Justicia analiza su legalidad.
La presentación, realizada el 19 de octubre, advierte sobre el impacto económico y laboral que las nuevas disposiciones podrían generar en ambas localidades, donde una parte importante de la actividad comercial depende del intercambio con Bolivia.
La normativa, vigente desde el 10 de octubre, establece un límite diario de 150 dólares por persona para el traslado de mercaderías argentinas bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. También excluye determinados productos, como trigo, soja, maíz y combustibles transportados en recipientes no habilitados, además de mercaderías en envases de 10 kilos o más.
Desde ARCA justificaron los cambios en la necesidad de reforzar los controles aduaneros, evitar el fraccionamiento de operaciones y prevenir el uso del régimen para actividades comerciales que deberían realizarse por otros canales.
Sin embargo, los impulsores del amparo sostienen que las restricciones no contemplan las particularidades económicas de las localidades limítrofes y podrían perjudicar a comerciantes, trabajadores y familias que dependen de esta actividad.
El reclamo invoca derechos vinculados con el trabajo, el desarrollo económico y la autonomía municipal. También cuestiona la proporcionalidad de las medidas y plantea la necesidad de compatibilizar los controles contra el contrabando con la continuidad del comercio legal.
El pedido cautelar busca suspender temporalmente la resolución y recuperar las condiciones anteriores hasta que exista una decisión judicial definitiva. Por el momento, la presentación no implica que las restricciones hayan quedado sin efecto, ya que se necesita una resolución expresa de la Justicia.
La preocupación por las nuevas reglas se había manifestado desde su entrada en vigencia. Comerciantes de ambas localidades advirtieron sobre las dificultades para trasladar determinados productos y vender mercadería al otro lado de la frontera, además del riesgo de que se acumularan existencias que ya no pudieran movilizarse bajo el régimen anterior.
También surgieron cuestionamientos sobre la posibilidad de que las limitaciones terminen desplazando operaciones hacia pasos clandestinos, en lugar de fortalecer los controles sobre el comercio ilegal.
El malestar se extendió a representantes de cámaras empresariales, que acordaron impulsar gestiones ante las autoridades nacionales para solicitar una revisión de las medidas y diferenciar las actividades comerciales legítimas de los circuitos de contrabando.
Aguas Blancas y Salvador Mazza mantienen un intercambio cotidiano con Bermejo y Yacuiba, respectivamente. En esas zonas, las ventas, el transporte y los servicios vinculados con el movimiento de mercaderías representan una fuente de ingresos y empleo.
Ahora, la controversia quedó en manos de la Justicia, que deberá evaluar los argumentos presentados y resolver si corresponde suspender las restricciones mientras se analiza el fondo del reclamo.
