La Justicia de Brasil imputó a la abogada argentina Agostina Páez por el delito de injuria racial, en el marco de un episodio ocurrido en la ciudad de Río de Janeiro que generó una fuerte repercusión pública y diplomática. La joven, de 29 años, permanece retenida en el país vecino mientras avanza la causa judicial en su contra.
Según se informó oficialmente, la investigación policial ya fue concluida y el expediente fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá definir los próximos pasos del proceso penal. En paralelo, una amiga de Páez también quedó bajo la lupa judicial, sindicada por un presunto falso testimonio durante la instrucción del caso.
Desde la fuerza de seguridad del distrito remarcaron la gravedad de lo ocurrido y dejaron un mensaje contundente sobre el avance de la causa, al advertir que el racismo constituye un delito penado por la legislación brasileña. La postura oficial buscó marcar un límite claro frente a conductas discriminatorias, especialmente en un contexto de alta visibilidad pública.
En medio del escándalo, en las últimas horas comenzó a circular un nuevo video que podría tener incidencia en la situación procesal de la abogada argentina. En las imágenes se observa a uno de los mozos del lugar donde se originó el conflicto realizando gestos obscenos y provocaciones hacia el grupo de mujeres argentinas, una actitud que Páez había denunciado desde un primer momento.
De acuerdo a su relato, los empleados del establecimiento se habrían burlado de ellas con gestos sexuales y risas, lo que derivó en una reacción que luego fue interpretada como un acto racista. “Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto”, había explicado la joven tras conocerse el episodio.
La difusión de este material audiovisual podría abrir una nueva etapa en la causa, ya sea para atenuar la imputación contra la abogada o para reforzar su estrategia defensiva ante la Justicia brasileña. No obstante, por el momento, la imputación por injuria racial sigue firme y el proceso continúa su curso.
Además, la Secretaría de Estado de Administración Penitenciaria de Brasil confirmó que el miércoles pasado se dispuso la colocación de una tobillera electrónica a Páez, con el objetivo de monitorear sus movimientos mientras permanece en el país. La medida busca garantizar su sujeción al proceso judicial hasta que se defina su situación legal.
El caso sigue generando atención tanto en Argentina como en Brasil, no solo por el perfil profesional de la imputada, sino también por el debate que reavivó en torno a los límites, las provocaciones y las responsabilidades penales en situaciones de conflicto atravesadas por acusaciones de discriminación.
