A más de un año de la implementación del decreto que dispuso el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes en Argentina, Salta continúa marcando un precedente en el país. La medida, que fue refrendada por una ley provincial en 2024, provocó una fuerte disminución en la cantidad de pacientes extranjeros que concurren a los hospitales públicos, aunque no dejó de lado el principio de atención ante emergencias.
Una historia que refleja el espíritu de esta normativa tuvo lugar recientemente en el Hospital San Vicente de Paul, en la ciudad de Orán. Allí, una joven de 19 años, de nacionalidad boliviana y embarazada, llegó en trabajo de parto sin contar con el dinero necesario para abonar el costo total del procedimiento, estimado actualmente en alrededor de dos millones de pesos.
La joven solo disponía de medio millón de pesos, pero fue igualmente atendida de urgencia por el equipo médico del hospital. Según informaron desde el nosocomio, se trataba de un parto natural que afortunadamente se desarrolló sin complicaciones. En lugar de negarle la atención, las autoridades del hospital firmaron un convenio de garantía, mediante el cual los suegros de la paciente, ciudadanos argentinos, se comprometieron a cubrir el total del costo en seis cuotas sin interés.
