Salta atraviesa un crecimiento sostenido en la cantidad de deudores alimentarios. Según datos oficiales del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, actualmente hay alrededor de 1.680 personas inscriptas, la mayoría hombres, y cada año se suman entre 200 y 260 nuevos casos.
La inscripción en este registro se realiza exclusivamente por orden judicial de los juzgados de familia, tanto de Salta como de otras provincias. Para quedar registrado, una persona debe haber incumplido tres cuotas consecutivas o cinco alternadas de la obligación alimentaria. El proceso es rápido: desde la solicitud hasta la inscripción, suele resolverse en menos de una semana, siempre tras una intimación judicial al deudor para que regularice la situación.
Durante 2025, se incorporaron 264 nuevos deudores al registro, 158 varones y apenas 6 mujeres. La secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Blanca Ferri, destacó que la cifra evidencia un marcado predominio masculino en los incumplimientos y que la tendencia de aumento se mantiene año tras año, sin descensos.
Aunque la explicación más inmediata es económica, los especialistas destacan que el problema también tiene raíces culturales y relacionales. La falta de responsabilidad parental y los conflictos entre adultos son factores que afectan directamente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además, muchas situaciones no llegan al registro por la informalidad laboral, que dificulta hacer efectiva la cuota fijada judicialmente.
Comparada con otras provincias, Salta tiene una proporción de deudores alta en relación a su población. Buenos Aires, por ejemplo, registra unos 6.000 deudores, pero con una población mucho mayor; en tanto, provincias más pequeñas como Misiones tienen cifras menores.
La problemática no solo refleja dificultades económicas, sino también la manera en que los adultos asumen la responsabilidad hacia los niños y adolescentes. Los conflictos interpersonales entre padres y tutores terminan impactando negativamente en los menores, lo que evidencia la necesidad de medidas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones sin que los niños sean los más afectados.
El crecimiento del registro pone de relieve un desafío que combina aspectos judiciales, sociales y culturales. La justicia local insiste en que la inscripción es una herramienta para garantizar el derecho alimentario, pero que no reemplaza la responsabilidad personal de quienes deben cumplir con sus obligaciones.
A medida que se suman nuevos casos, las autoridades llaman a concientizar sobre la importancia de cumplir con los alimentos y a buscar soluciones que prioricen el bienestar de los niños y adolescentes en Salta. La tendencia creciente del registro muestra que todavía queda un largo camino por recorrer para asegurar que estas obligaciones se cumplan de manera efectiva y sostenida.
