El extremo norte de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia, comienza a dejar atrás décadas de abandono estatal. En el sector conocido como la banda del río Grande de Tarija, en el departamento San Martín, el Gobierno nacional y la Provincia desplegaron operativos para frenar el contrabando, recuperar territorio argentino usurpado y proteger a las comunidades ava guaraní que habitan la zona.
Durante más de 30 años, productores bolivianos avanzaron ilegalmente sobre unas 2.500 hectáreas de selva montana en suelo argentino. Allí instalaron cultivos de caña de azúcar que hoy abastecen un circuito de contrabando de más de 150.000 toneladas por zafra. En ese marco, las comunidades originarias de General Mosconi fueron víctimas de amenazas armadas, violencia física, bloqueos de caminos e incluso operativos de fuerzas bolivianas en territorio argentino.
La situación se agravó en 2021 con una denuncia judicial presentada en Bolivia contra referentes indígenas, acusados de “usurpar” una supuesta propiedad llamada "Isla Valle Dorado", que según informes técnicos nunca existió. Las coordenadas demostraron que el lugar está en territorio salteño, más precisamente en El Trementinal.
Los hechos se hicieron públicos a fines de 2024, lo que llevó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a ordenar un despliegue inmediato de Gendarmería Nacional. Si bien la intervención logró frenar parcialmente el avance ilegal, los cañeros de Bermejo volvieron a ocupar territorio argentino apenas cesaron los patrullajes. Hace pocas semanas, efectivos removieron nuevas alambradas ilegales, pero estas fueron reinstaladas pocos días después.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Dirección Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras se sumaron al abordaje del conflicto. En una recorrida reciente, funcionarios nacionales y provinciales analizaron la posibilidad de abrir caminos y mejorar la conectividad desde Coronel Cornejo hasta parajes como Churqui, Volcán, Algarrobito, Media Luna y Chuschal. El objetivo es facilitar la instalación permanente de Gendarmería y garantizar el acceso estatal a zonas que hoy están completamente aisladas.
Propietarios rurales expresaron su voluntad de donar terrenos para la construcción de destacamentos. Esta iniciativa se enmarca en la segunda fase del Plan Güemes, que prevé una mayor presencia de fuerzas federales y un refuerzo del control fronterizo a través de la Operación Roca, que incluye apoyo militar en zonas críticas.
Cifras récord en incautaciones y detenidos
En paralelo, el Gobierno nacional informó que el primer semestre de 2025 cerró con un nuevo récord en el combate al narcotráfico. Las incautaciones de cocaína aumentaron un 6% respecto del mismo período de 2024, mientras que en marihuana el salto fue del 35%. También se registró un 27% más de detenidos y un 16% más de procedimientos, con más de 15.000 operativos en todo el país.
En Salta, el Plan Güemes se tradujo en 1.193 procedimientos con 464 detenidos y el decomiso de grandes volúmenes de droga. Además, la Policía provincial realizó más de 6.500 operativos que permitieron desarticular redes locales e internacionales. Sólo en los primeros seis meses del año se secuestraron más de una tonelada y media de estupefacientes.
Entre los casos destacados, se cuenta el operativo de abril que, en conjunto con la Justicia Federal de Orán, permitió incautar 126 kilos de cocaína y detener a nueve personas. También se registraron más de 600 procedimientos contra el narcomenudeo, con 867 kilos decomisados y más de 300 detenidos.
Un cambio que empieza a notarse
La presencia sostenida del Estado en la frontera norte de Salta es un reclamo histórico de las comunidades locales y de sectores productivos que ven amenazada su seguridad y su desarrollo por el avance del crimen organizado. Si bien los desafíos son enormes, el despliegue coordinado entre Nación y Provincia marca un punto de inflexión.
Con caminos en construcción, presencia federal reforzada y voluntad política, el norte salteño podría dejar atrás su condición de “zona liberada” para transformarse en un territorio protegido, con derechos garantizados y mayor control sobre los recursos y la soberanía.
