El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Legislatura provincial para el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N.º 32/2026, que propone la realización obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos de control y autoridades municipales.
La medida se fundamenta en la necesidad de garantizar la aptitud física y psíquica de quienes ocupan cargos públicos, sosteniendo que ejercer la función pública no es un privilegio sino una responsabilidad que exige ética, compromiso y idoneidad. Según el decreto, los controles toxicológicos buscan también fortalecer la transparencia del Estado y otorgar mayor legitimidad a las instituciones en línea con los principios del sistema republicano de gobierno.
Con la convocatoria a sesiones extraordinarias, los legisladores deberán analizar, debatir y decidir si convalidan o rechazan la propuesta del mandatario. Esto interrumpe el receso legislativo, que había comenzado recientemente, y marca un llamado a la acción inmediata frente a lo que se considera una medida de importancia estratégica para la administración pública.
El alcance de la iniciativa abarca a funcionarios de todos los niveles y poderes, incluyendo legisladores, jueces, funcionarios de organismos de control y autoridades municipales. La obligatoriedad de los exámenes busca unificar criterios y garantizar que quienes ocupan cargos de decisión cumplan con estándares mínimos de salud física y mental que aseguren el correcto desempeño de sus funciones.
Desde la administración provincial, se sostiene que la implementación de estas pruebas permitirá detectar situaciones de riesgo que podrían afectar la gestión pública y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Asimismo, se remarca que la medida responde a un principio de igualdad, ya que se aplica a todos los funcionarios sin distinción de jerarquía ni dependencia.
El debate legislativo que se avecina promete ser intenso, ya que la medida genera distintas opiniones entre los actores políticos. Por un lado, se considera un avance en transparencia y control; por otro, algunos legisladores podrían cuestionar su alcance y la manera en que se aplicará. La sesión extraordinaria permitirá que la propuesta sea examinada en detalle, con posibilidad de ajustes o modificaciones antes de su eventual sanción.
La provincia de Salta se suma así a una tendencia creciente en el país, donde distintas jurisdicciones analizan herramientas para reforzar la responsabilidad de los funcionarios públicos y garantizar la integridad de los poderes del Estado. La obligatoriedad de exámenes toxicológicos se plantea como un mecanismo preventivo, con la intención de proteger tanto a la administración como a la ciudadanía.
El gobernador Sáenz destacó que el objetivo principal de esta medida es fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar que quienes representan al Estado puedan ejercer sus funciones con plena capacidad y compromiso. Además, se subraya que la iniciativa no busca sancionar de manera punitiva, sino establecer criterios claros de aptitud y responsabilidad en la gestión pública.
Con esta convocatoria, la agenda legislativa de Salta retoma fuerza en pleno receso, y se espera que el tratamiento del decreto sea uno de los temas más relevantes del primer semestre del año. La medida, además, tiene un fuerte componente simbólico: enviar un mensaje claro sobre la importancia de la ética y la transparencia en la administración pública provincial.
En este contexto, la ciudadanía salteña seguirá de cerca el desarrollo de las sesiones extraordinarias, interesada en conocer cómo se implementará la medida y cuáles serán los controles efectivos que se aplicarán a los funcionarios de todos los niveles. La decisión legislativa tendrá impacto directo en la gobernabilidad y en la percepción sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos en Salta.
