Seis equipos de neonatología pertenecientes al Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de Salta fueron encontrados esta mañana en funcionamiento dentro de una clínica privada, en el marco de una investigación por presunta sustracción de bienes públicos. La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos (UDEC), por pedido de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio.
Los equipos, que brindan soporte vital a pacientes neonatales internados, estaban instalados y operativos en la Red IMAC, en la Clínica del Centro ubicada en calle Alvarado 858. Ante la necesidad de garantizar la continuidad de la atención médica, se decidió no secuestrar los dispositivos, sino relevarlos, identificarlos y designar un depositario judicial, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la dirección del Hospital Materno, que alertó sobre la presunta sustracción de equipos y otros dispositivos entregados bajo comodato. Según los primeros resultados, un médico de planta del hospital, que trabaja en el área de Gestión de Neonatología, también es socio fundador de la firma NEOFENIX S.R.L., la empresa privada donde se encontraron los equipos.
El hallazgo generó un fuerte impacto en la comunidad sanitaria local, dado que los dispositivos encontrados son esenciales para el cuidado de recién nacidos en estado crítico. En Salta, el Hospital Materno es el principal centro de referencia para neonatología, atendiendo a cientos de bebés cada año, por lo que cualquier irregularidad en la gestión de sus recursos genera preocupación tanto en profesionales de la salud como en familiares.
Fuentes de la fiscalía explicaron que, pese a la vinculación del médico con la empresa privada, no se interrumpió la atención a los pacientes, que continuaron recibiendo el soporte vital necesario mientras se formaliza la investigación. Los equipos ahora permanecen bajo custodia judicial, lo que asegura que no puedan ser retirados hasta que se determinen responsabilidades.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la relación entre la salud pública y los intereses privados en Salta. La figura del comodato, por la cual se entregan equipos hospitalarios a terceros, se encuentra bajo revisión, y los organismos de control evalúan si hubo incumplimiento de normas legales o éticas.
La fiscalía continuará con el análisis de documentación, registros y testimonios para determinar si existió apropiación indebida de bienes del Estado. Mientras tanto, la sociedad salteña observa con atención cómo se desarrolla la investigación, que podría derivar en sanciones administrativas o penales para los responsables.
La situación también despertó cuestionamientos sobre la supervisión de los recursos hospitalarios y la necesidad de mecanismos más estrictos para evitar el uso indebido de equipamiento crítico. En este sentido, autoridades sanitarias locales señalaron que la prioridad sigue siendo garantizar la atención neonatal segura, mientras se esclarecen los hechos.
Con este episodio, Salta se suma a otras provincias argentinas donde la combinación de intereses privados y recursos públicos en el ámbito de la salud ha generado conflictos similares, subrayando la importancia de controles claros y de la transparencia en la gestión hospitalaria.
La fiscal Salinas Odorisio señaló que todas las medidas se toman bajo un enfoque que protege la vida y la salud de los pacientes, priorizando que los dispositivos sigan operativos durante la investigación. Por su parte, la Justicia de Garantías intervino para formalizar la custodia de los equipos, asegurando su integridad y su disponibilidad para el hospital público.
El caso seguirá bajo seguimiento judicial y administrativo, y promete generar nuevas definiciones sobre el manejo de equipamiento hospitalario y la responsabilidad de profesionales de la salud vinculados a empresas privadas en Salta. La comunidad médica y la sociedad civil esperan que la pesquisa concluya con claridad sobre el destino de los equipos y sobre las posibles sanciones a los involucrados.
