La polémica por el presunto desvío de fondos en la Universidad Nacional de Salta sumó un nuevo capítulo con la respuesta de la gestión anterior. El exvicerrector Nicolás Innamorato, junto al exrector Daniel Hoyos, rechazaron de manera categórica las acusaciones impulsadas por la actual conducción encabezada por Miguel Nina y reclamaron que la Justicia avance para esclarecer la situación.
El eje del conflicto gira en torno a un informe que advierte sobre un supuesto manejo irregular de más de 634 millones de pesos, presuntamente vinculados a fondos que no habrían ingresado a las cuentas oficiales de la universidad. Desde la exconducción niegan de plano esa versión y sostienen que no existió ningún tipo de desvío.
“No hay nada verdadero en eso”, plantearon, al tiempo que remarcaron que las cifras difundidas parten de interpretaciones erróneas. En esa línea, insistieron en que todos los movimientos estuvieron enmarcados dentro de acuerdos formales y mecanismos previstos institucionalmente.
Según explicaron, el origen de los fondos cuestionados está relacionado con el contrato del agente financiero de la universidad, que fue adjudicado nuevamente al Banco Patagonia tras un proceso de licitación pública. De acuerdo al detalle brindado, la nueva negociación permitió mejorar significativamente los ingresos de la UNSa, al elevar el canon del 1,6% al 4,5%.
Ese cambio, señalaron, implicó un incremento considerable en los recursos mensuales que percibía la institución, pasando de cifras cercanas a los 50 millones a montos que rondaban entre 160 y 170 millones de pesos. Según la exgestión, estos fondos ingresaban directamente a la universidad y formaban parte de su financiamiento regular.
Uno de los puntos que generó mayor controversia es el destino de un aporte inicial cercano a los 200 millones de pesos. Sobre este aspecto, Innamorato aclaró que ese dinero fue entregado de manera directa y voluntaria por el banco a la Fundaltes, en el marco de lo establecido contractualmente.
De acuerdo a su explicación, ese esquema no implicó ningún desvío de fondos públicos, ya que se trató de un aporte externo destinado a una institución que históricamente colabora con la universidad en proyectos académicos y de desarrollo. “No tomamos nada ni se desvió dinero”, insistieron.
En defensa de la fundación, recordaron que fue creada en 1996 con el objetivo de acompañar iniciativas estratégicas para el crecimiento académico de la UNSa. En ese sentido, sostuvieron que su rol está debidamente regulado y documentado, y que su funcionamiento forma parte de la estructura de apoyo institucional.
Respecto al uso de los recursos, la exconducción detalló que los fondos se destinaron a distintas inversiones. Entre ellas, mencionaron la compra de dos minibuses, la instalación de un parque solar —que posicionó a la universidad como pionera en el país en este tipo de infraestructura— y la adquisición de alrededor de 100 computadoras para estudiantes.
También aseguraron que esos bienes fueron utilizados por la comunidad universitaria y que, en varios casos, estaban previstos para ser incorporados formalmente al patrimonio de la institución. Para los exfuncionarios, estas acciones evidencian que los recursos tuvieron un destino concreto y vinculado al fortalecimiento académico.
En paralelo, remarcaron que al finalizar su gestión dejaron en la universidad un total de 6.200 millones de pesos, lo que, según su visión, demuestra un manejo responsable de las finanzas. Este punto fue presentado como un respaldo a su administración frente a las denuncias actuales.
El conflicto expone una fuerte tensión interna dentro de la UNSa, donde la actual conducción puso bajo la lupa decisiones adoptadas por la gestión anterior. En ese marco, la discusión no solo gira en torno a los números, sino también a los criterios de administración y a la transparencia en el uso de los recursos.
Desde la exconducción insisten en que la mejor forma de resolver la controversia es a través de una investigación judicial que permita aclarar los hechos. En ese sentido, manifestaron su disposición a ser investigados y a aportar toda la documentación necesaria.
Para la comunidad universitaria de Salta, el caso genera preocupación e incertidumbre, ya que involucra recursos clave para el funcionamiento de una de las principales instituciones educativas de la provincia. La definición del conflicto será determinante no solo en términos legales, sino también en la confianza institucional.
Mientras tanto, se espera que la causa avance en el ámbito judicial y que se analicen en detalle los contratos, transferencias y mecanismos administrativos utilizados. El resultado de ese proceso será clave para establecer si existieron irregularidades o si, como sostiene la exgestión, todo se realizó dentro del marco legal.
En un contexto donde la transparencia en el manejo de fondos públicos es un tema sensible, el caso de la UNSa se posiciona como uno de los focos de atención en Salta. La evolución de la investigación marcará el rumbo de una disputa que ya trascendió lo administrativo y se instaló de lleno en la agenda pública provincial.
