El presidente Javier Milei considera superado el episodio político y judicial que involucró al jefe de Gabinete Manuel Adorni y ya puso en marcha una nueva etapa enfocada en recomponer su figura pública y avanzar con proyectos clave en el Congreso. En paralelo, el Gobierno nacional intensifica las gestiones para asegurar el respaldo de los gobernadores, un factor decisivo para lograr mayorías tanto en Diputados como en el Senado.
En la Casa Rosada aseguran que el tema está en vías de cierre y que la investigación judicial no tendrá consecuencias que compliquen al funcionario. Con ese diagnóstico, el mandatario libertario y su círculo más cercano, incluida Karina Milei, evalúan que llegó el momento de relanzar la imagen de Adorni y devolverle centralidad dentro del esquema de comunicación del Gobierno.
Una de las primeras señales en ese sentido será la reactivación de la sala de periodistas en la Casa Rosada y el regreso de las conferencias de prensa semanales encabezadas por el jefe de Gabinete. La decisión apunta a retomar una dinámica que permita al Ejecutivo ordenar el mensaje político, fijar agenda y responder a la oposición desde un lugar más institucional.
El oficialismo quedó conforme con el desempeño de Adorni durante su paso por la Cámara de Diputados, donde presentó su informe de gestión y respondió cuestionamientos vinculados a las denuncias en su contra. Puertas adentro interpretaron esa exposición como un punto de inflexión que permitió contener el impacto del escándalo y comenzar a dar vuelta la página.
Mientras tanto, el foco del Gobierno se traslada con rapidez hacia el frente legislativo. Milei dio la orden a sus ministros de reactivar con fuerza todos los proyectos que forman parte de su hoja de ruta para este año, con la premisa de que el calendario político jugará en contra en 2027, cuando el clima electoral complique cualquier intento de avanzar con reformas estructurales.
Entre las prioridades del Ejecutivo aparece la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de la denominada “ficha limpia”, una iniciativa que busca impedir candidaturas de personas con condenas judiciales. Se trata de proyectos que generan fuerte debate y que requieren acuerdos amplios para prosperar.
A ese paquete se suman otras iniciativas que el Gobierno considera estratégicas, como las llamadas leyes de “hojarasca”, orientadas a derogar normativas consideradas obsoletas, una reforma integral del Código Penal y modificaciones en el sistema de discapacidad. También figura en agenda una nueva ley sindical que complemente los cambios en materia laboral impulsados por la actual gestión.
El contexto social y gremial también influye en la aceleración de estas medidas. La reciente movilización de la CGT por el Día del Trabajador y la posibilidad de un nuevo paro general reforzaron la postura del Gobierno de avanzar sobre reformas que limiten el poder de los sindicatos y reconfiguren las relaciones laborales.
En este escenario, el rol de los gobernadores vuelve a ser clave. El oficialismo necesita construir mayorías en un Congreso donde no tiene números propios y depende de acuerdos con bloques provinciales y sectores dialoguistas. Las negociaciones, sin embargo, no son sencillas y están atravesadas por intereses locales, necesidades fiscales y tensiones políticas.
Uno de los puntos más conflictivos es, justamente, la eliminación de las PASO. Varios mandatarios provinciales ven con recelo esta propuesta, ya que impacta directamente en la dinámica electoral de sus distritos. Aun así, desde el Gobierno confían en que podrán alcanzar consensos a partir de acuerdos más amplios que incluyan otros temas de interés para las provincias.
