En las primeras horas de la madrugada, cuando el cielo se abrió sobre el norte salteño, el barrio San Pantaleón en Coronel Juan Solá –conocido como Morillo– se transformó una vez más en un pantano improvisado.
Más de 50 familias, muchas de ellas con chicos chiquitos y abuelos, se despertaron con el agua hasta las rodillas, reviviendo un calvario que ya lleva diez años sin solución. Los vecinos, hartos de excusas, apuntan directo al municipio y a la provincia: promesas de obras que nunca llegan, maquinarias que se pierden en el camino y una asistencia que brilla por su ausencia.
La zona de la calle Jorge Luis Borges es la más castigada, donde el agua se acumula como si fuera un río desbordado cada vez que cae un chaparrón. Javier Ruiz, uno de los afectados que no se calla la boca, cuenta que esto no es nuevo. "Estamos hasta las manos otra vez, che. Hace más de una década que venimos pidiendo que hagan algo y nada de nada. Pasaron intendentes como si fueran modas, cada uno viene, posa para la foto, habla de grandes planes y después, chau, se olvida", dice con esa bronca acumulada que se nota en la voz.
Este episodio se parece demasiado al de principios de febrero, cuando las lluvias intensas dejaron el barrio patas arriba. Ruiz, que vive con su familia en una de las casas más expuestas, describe cómo el agua entra sin pedir permiso, arruinando muebles, ropa y hasta la comida. "Acá hay gente grande que no puede ni moverse bien, un bebé de tres meses que duerme en una cuna mojada, pibes de cuatro años chapoteando en el barro. Cada tormenta es lo mismo, y nos prometen de todo: que van a traer tierra para armar un terraplén alrededor de las casas, que la máquina está al caer. Pero nada, boludo, puro verso".
Desde el municipio, según cuenta Ruiz, les han dicho una y mil veces que los camiones con material están en camino. "Primero nos contaron que el volquete de Vialidad ya había llegado y que hoy mismo tiraban la tierra. Pero ya van dos vueltas con la misma historia y no aparece nadie. La excusa del día: se rompió el camión, o llovió y no se puede trabajar. Parece que solo se acuerdan de nosotros cuando ya estamos inundados, como si el agua les refrescara la memoria".
El cambio de mando en la intendencia no ha cambiado nada, al menos para estos vecinos. "El intendente actual es nuevo en el cargo, pero los funcionarios de siempre siguen ahí, en planta permanente, conocen el barrio como la palma de la mano desde hace años. Antes de asumir, el tipo vino, se plantó enfrente de mi casa y juró que esto iba a ser prioridad número uno. Después, con la primera lluvia, apareció de nuevo, se sacó una selfie con mi familia y la subió a las redes diciendo que ya nos habían ayudado. ¿Ayudado? Ja, ni cerca".
La "ayuda" que ofrecieron se redujo a sugerirles que se muden temporalmente al complejo deportivo del pueblo, como si fuera un hotel. "Nos dicen 'vengan al albergue', pero ¿y los animales? ¿Y las cosas de la casa? No podemos dejar todo tirado a la buena de Dios, expuesto a que lo roben o lo arruine más el agua. Solo pedimos dos camionadas de tierra, que salen unos 50 mil pesos cada una, algo que para el municipio es una pavada, y ni eso nos dan", se queja Ruiz, con esa resignación que se mezcla con la furia.
No es solo su familia la que sufre; el problema toca a todo el barrio, aunque muchos se callan por vergüenza o miedo a represalias. "Hay un montón de vecinos que no abren la boca, por timidez o lo que sea, pero yo hablo por todos. Somos más de 50 familias las que la pasamos mal cada vez que llueve", asegura. Y no solo el municipio está en la mira: desde la provincia también han venido a relevar datos de los damnificados, prometiendo viviendas de emergencia o soluciones rápidas. "Nos tomaron los nombres, dijeron que había que dar casas urgentes a las familias más afectadas. Pero después, silencio total. Usan esa info para pedir fondos o beneficios que nunca bajan a nosotros, se queda todo en el medio".
Ruiz intentó hacer ruido en las redes sociales, subiendo fotos y videos de la inundación para que se viralice. "Cuando lo publiqué y se armó un poco de revuelo, ¿sabés qué trajeron? Un colchón solo, para diez personas. Eso fue toda la respuesta, un chiste de mal gusto". Mientras tanto, el agua sigue estancada en las calles, convirtiendo el barrio en un lodazal que complica todo: desde ir al trabajo hasta mandar a los chicos a la escuela. Los vecinos insisten en que no basta con parches temporales; hace falta una solución de fondo, como obras de drenaje, canales o defensas contra inundaciones que eviten que cada tormenta sea una catástrofe.
Morillo no es ajeno a estos problemas. Ubicado en una zona donde las lluvias tropicales son frecuentes, el pueblo ha crecido sin planificación adecuada, dejando a barrios como San Pantaleón expuestos a los caprichos del clima. Los vecinos recuerdan que, hace una década, cuando el problema empezó a agravarse, se hablaba de un plan integral para mejorar la infraestructura. Pero los años pasaron, los gobiernos cambiaron y las inundaciones siguen siendo parte de la rutina diaria.
En conversaciones con otros afectados –que prefieren no dar nombres por temor a que les corten algún beneficio social–, surge el mismo patrón: promesas electorales que se evaporan post comicios, burocracia que atrasa todo y una sensación de abandono por parte de las autoridades. "Vivimos en el norte argentino, donde el clima es bravo, pero no es excusa. En otras partes de Salta han hecho obras para mitigar inundaciones, ¿por qué acá no?", se pregunta una vecina que cuida a sus nietos en una casa con pisos de tierra que se convierten en barro con la menor gota.
El impacto va más allá de lo material. Las inundaciones recurrentes afectan la salud: el agua estancada trae mosquitos, riesgo de dengue –que en Salta es un problema serio–, y enfermedades respiratorias por la humedad constante. Los chicos pierden días de clase, las familias gastan plata que no tienen en reparaciones provisorias, y el estrés acumulado pesa como una mochila. "Es una cadena, che: el agua entra, arruina todo, salimos a pedir ayuda, nos prometen, no cumplen, y vuelta a empezar. Estamos cansados de este círculo vicioso", resume Ruiz.
Desde el barrio, piden que se priorice la inversión en infraestructura básica. "No estamos pidiendo mansiones ni nada lujoso. Solo que hagan canales de desagüe, que levanten bordes con tierra compactada, que instalen bombas para sacar el agua rápido. Cosas que en otras localidades de Salta ya se han hecho con fondos provinciales o nacionales". Mencionan ejemplos como Tartagal o Orán, donde tras desastres similares se implementaron planes de contingencia que redujeron los riesgos.
Pero en Morillo, la espera se hace eterna. Con el pronóstico de más lluvias en los próximos días –como es común en esta época del año en el norte–, los vecinos se preparan para lo peor. Arman barricadas improvisadas con bolsas de arena, elevan los muebles sobre ladrillos y rezan para que no sea tan fuerte. "Si no actúan ahora, la próxima vez va a ser peor. Y no queremos más fotos ni discursos; queremos hechos", enfatiza Ruiz.
Esta situación en el barrio San Pantaleón pone de relieve un problema mayor en muchas comunidades del interior salteño: la brecha entre las necesidades de la gente y la respuesta del Estado. Mientras las autoridades se reúnen en oficinas climatizadas, las familias de Morillo lidian con el agua fría y el barro pegajoso. Es un recordatorio de que, en Argentina, las inundaciones no son solo un fenómeno natural, sino también un fracaso de la gestión pública.
Los vecinos no pierden la esperanza, pero la paciencia se agota. "Vamos a seguir reclamando, porque esto no puede seguir así. Somos parte de Salta, merecemos vivir dignamente, sin temer cada nube que pasa", concluye Ruiz. Hoy, como tantas veces, las familias de Morillo miran al cielo con desconfianza, esperando que las promesas se conviertan en realidad antes de que el próximo temporal las vuelva a sumergir en la desesperación.
Con información de El Tribuno
