Con la disposición de la jueza federal Maria Romilda Servini, que declaró nula la intervención al PJ de Salta por carecer de argumentos válidos, las autoridades depuestas retomaron las funciones tras tomar posesión de la sede y de informar a los interventores sobre el fallo.
Frente a la ratificación de la intervención por el Congreso nacional del PJ, el mismo día que se conoció el fallo de Servini, se consideró que la discusión quedó zanjada por la vía judicial “al ser un fallo de forma y fondo”.
Ayer concurrieron a la sede, el apoderado del PJ, Raúl Medina, los consejeros Luis Mendaña y Nancy Montero y los miembros del Tribunal de Disciplina, Marcelo Villagrán y Pedro Mellado, quienes fueron recibidos por la supervisora, Claudia Toconás.
Además de recibir la documentación que acredita el fallo, solicitaron a Toconás que informe de la situación a los interventores Sergio Berni y María Luz Alonso, quienes no se encuentran en la provincia.
También pidieron que se restituya la documentación que entregaron el 10 de marzo cuando se efectivizó la intervención, que se haga una rendición de cuentas y se gestione la restitución de las cuentas bancarias para preservar el normal funcionamiento del PJ. Las acciones fueron certificadas en un acta que firmó la escribana Laura Gabriela Anna.
Las autoridades del PJ Salta, que preside Esteban Amat, fueron electas a través del proceso de elecciones internas y asumieron el 10 de abril de 2023, con mandato hasta el 2027.
La jueza Servini señaló que el argumento de una desviación ideológica de los diputados nacionales del PJ Salta en votaciones del Congreso Nacional, como se esgrimió desde el Consejo que preside Cristina Fernández, “no constituyen una fundamentación razonable de la decisión de intervenir el distrito, al carecer de elementos concretos que justifiquen una medida de esa naturaleza y revelan únicamente la diferencia de criterios entre la entidad distrital y la nacional, en relación a la acción política del partido”.
Además, se hizo notar que Servini resaltó que no se advierte situaciones de conflicto o de anormalidades institucionales que pongan en peligro la existencia del partido, o de incumplimiento de obligaciones legales que afecten la personería jurídico política.
