En una novela que pareciera de ciencia ficción, José “Pepe” Muratore decidió aferrarse a como de lugar al cargo que lo coloca como responsable del Mercado San Miguel. Tras declaraciones poco decorosas a la prensa: “Yo no voy a firmar nada, a mí nadie me saca del mercado”, dijo, el ahora exadministrador del complejo comercial municipal, buscó con desesperación judicializar el conflicto. La decisión, payasesca, no contempla la potestad del municipio de intervenir el ente cuando le plazca. Muratore cree que el Mercado le pertenece.
En esta situación, y como era de esperar, los argullos legales son la oportunidad en donde pescan los peces gordos y, dado el caudal de dinero que se maneja en la mega feria del centro de Salta, los recursos no faltan, tampoco los contactos.
José Muratore presentó así un recurso de amparo con toda la intención de frenar algo lícito, la intervención del ente administrador, pero ni lerdo ni perezoso, lo presento en el lugar menos pensado, un tribunal que según marcó una fuente de este medio, es “amigo”.
Juez polémico
"Es un pillo misógino que se hartó de cometer todo tipo de tropelías", lo describió en su momento el ex diputado provincial Héctor Chibán. Esto previo a que la justicia salteña decidiera que Soria no iba a ir a juicio político. Amigos son los amigos.
El Dr. Víctor Raúl Soria es el juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Personas y Familia de 2º Nominación de la Ciudad de Salta. Es el juez Soria en quien recayó el pedido de recurso de amparo que busca “congelar” al menos para ganar tiempo, la intervención del ente administrador del Mercado Municipal.
Una breve investigación sobre el magistrado despierta, invariablemente, muchas suspicacias. La fila de denunciantes que agrupa el juez Soria, es larga: desde su ex esposa hasta la AFIP, y pasando por un largo Etc…
Los motivos son diversos, y de esto, preocupa la cantidad de causas relacionadas con denuncias por violencia de género. En el 2013 lo denunciaron por negarle el aborto a una niña de 12 años, víctima de una violación a manos de su padrastro.
Además, y en una sintonía similar, Soria fue denunciado por violencia de género. Lo denunciaron 3 mujeres: su ex esposa, una abogada y una compañera de trabajo: la defensora oficial Natalia Buira. En el 2021 la funcionaria judicial logró una perimetral que luego el juez violó ante las mismísimas cámaras y los pasillos de ciudad judicial y con la mayor de las impunidades.
Como si esto fuera poco, también tuvo reproches por hacerse cargo de causas que no eran de su competencia: en el 2014 la AFIP lo denunció por dejar pasar un centenar de camiones cargados con harina de Jujuy a Bolivia. La causa pertenecía al fuero federal.
De todos los cuestionamientos por su accionar como juez, solo la del aborto no punible logró llegar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Salta. Aunque los jueces Guillermo Posadas, Guillermo Catalano, Jorge Soto, María Abilés y Guillermo López Mirau rechazaron el juicio político. A la par, sin embargo, reconocieron que había sido una decisión “desacertada”. Los jueces aseguraron que Soria “no falló sin más ´contra legem´, sino que controló la constitucionalidad de la normativa aplicable, si bien lo hizo desacertadamente según la evaluación jurídica de la Corte de Justicia de Salta”.
Las denuncias por violencia de género ejercida contra la funcionaria judicial Natalia Buira, en cambio, no llegaron al Jury. Si bien el Fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester, declaró admisible la acusación y la causa tenía 6 amicus curiae que acompañaban el pedido de destitución, la denuncia no logró sortear el blindaje de Soria. Ese juicio fue impulsado por la abogada de Buira, Graciela Abutt Carol, y por el exdiputado provincial Héctor Chibán.
“En el juzgado de Soria, juez de Personas y Familia, recaen Amparos absolutamente ajenos a su fuero por cifras millonarias y el tipo las resuelve de un plumazo a favor de los amparistas. Llegó incluso a liberar fondos embargados por otros jueces”,aseguró Chibán en su momento.
Todo queda entre nosotros
Administraciones denunciadas. Jueces denunciados. Funcionarios enriquecidos. Empresarios prebendarios. Coimas. Barrabravas. Dirigentes de fútbol. Legisladores.
Por momentos esta provincia duele mucho. El final del 2024 nos encuentra con el delito a cielo abierto. Los privilegios de casta a la orden del día y una justicia para la que algunos son más iguales que otros.
El fracaso de una gestión, perdidas cuantiosas producto de la precarización y desinversión de un mercado que brinda ganancias extraordinarias, y que ha dejado a innumerables familias salteñas en la calle y sin la posibilidad de trabajar en estas fiestas, perdiendo todo lo que tenían. Esas son las consecuencias del robo sistemático que la casta ha hecho y hace cotidianamente.
En algunos lugares del país, esto ya está cambiando, solo falta que aquí la ley se cumpla y, cuanto antes, se comience a remover de sus altares a todas las Vacas Sagradas que han llevado a Salta al fondo de la tabla, sean políticos, empresarios, patoteros violentos o jueces corruptos. Esto no da para más.
