La defensa de Lucas Pertossi solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la condena a 15 años de prisión que recibió por el crimen de Fernando Báez Sosa. El planteo busca que el máximo tribunal revise lo actuado y, eventualmente, ordene la realización de un nuevo juicio.
El recurso fue impulsado por el abogado defensor en la instancia de Casación, Ignacio Nolfi, quien argumentó que durante el proceso no se garantizó de manera plena el derecho de defensa de su asistido. Según sostuvo, Pertossi atravesó una situación de “indefensión manifiesta” producto de la estrategia adoptada por su anterior representante legal, Hugo Tomei, quien también patrocinó al resto de los imputados.
La condena contra Pertossi fue dictada en el marco del juicio por el ataque ocurrido en 2020 a la salida de un boliche en Villa Gesell, episodio que terminó con la muerte de Báez Sosa y derivó en penas de prisión perpetua para cinco de los acusados y condenas menores para otros tres, entre ellos Pertossi.
En su presentación, la nueva defensa sostiene que no existió una estrategia diferenciada que contemplara el rol particular que se le atribuyó a su cliente. Afirma que el hecho de haber compartido abogado con los imputados que recibieron prisión perpetua impidió desarrollar una teoría del caso autónoma, acorde a su situación procesal. Desde esa óptica, los tribunales intervinientes debieron haber garantizado una asistencia técnica efectiva e independiente.
Uno de los ejes centrales del recurso es que Pertossi no habría podido brindar una versión completa de lo sucedido por consejo de su entonces defensor. Según el planteo, esa decisión limitó su posibilidad de explicar su actuación concreta durante los hechos y de despegarse de la acusación principal que recayó sobre el grupo.
Además, el escrito remarca que no se habría incorporado prueba directa que lo vincule físicamente con la agresión fatal. La defensa señala que no se hallaron rastros de ADN ni sangre de la víctima en su ropa o en sus manos, ni se acreditó contacto físico con Báez Sosa antes, durante o después del ataque. En esa línea, insiste en que su intervención fue secundaria y periférica.
El planteo también hace foco en las imágenes registradas por cámaras de seguridad. De acuerdo con la argumentación presentada, los videos mostrarían que Pertossi se retiró del lugar antes de que concluyera la agresión, lo que —según su abogado— implicaría una desvinculación temporal y espacial respecto del desenlace fatal. Para la defensa, ese elemento no fue debidamente ponderado al momento de dictar sentencia.
Más allá de la discusión fáctica, el recurso extraordinario enumera una serie de cuestionamientos técnicos contra el fallo. Entre ellos, se menciona un supuesto defecto grave en el razonamiento judicial, vinculado a la reconstrucción de la secuencia del dolo, es decir, de la intención atribuida a los imputados. Según la presentación, el tribunal habría alterado el orden lógico de los hechos para sostener la responsabilidad penal.
También se objeta lo que se define como una “versión fáctica divergente”, al considerar que la sentencia construyó un relato que no coincide plenamente con las pruebas producidas en el debate oral. Para la defensa, esa divergencia afectó la coherencia interna del fallo y terminó perjudicando de manera concreta a su representado.
Otro de los puntos señalados es la supuesta afectación a la unidad lógica del razonamiento judicial, con inconsistencias que —según el escrito— se arrastran desde la etapa de instrucción. En ese sentido, se cuestiona la imparcialidad y la congruencia del proceso, al sostener que existieron vicios que no fueron corregidos en instancias posteriores.
La defensa también plantea que hubo imprecisión en la determinación del hecho atribuido a Pertossi. Afirma que no se definió con claridad cuál fue la conducta específica por la que resultó condenado, lo que habría impactado en su posibilidad de ejercer una defensa adecuada. En términos técnicos, se alega una violación del principio de congruencia, al existir —según el recurso— una discrepancia entre la acusación original y lo finalmente establecido en la sentencia.
El caso Báez Sosa se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes y conmocionantes de los últimos años en Argentina. La magnitud pública del juicio, la difusión de las imágenes del ataque y la expectativa social generaron un clima de fuerte sensibilidad en torno a las decisiones judiciales. En ese contexto, cada movimiento procesal es seguido con atención.
La Corte Suprema no tiene plazos estrictos para resolver este tipo de recursos extraordinarios. En primer término, deberá analizar si el planteo cumple con los requisitos formales de admisibilidad. Solo en caso de considerarlo procedente, avanzará en el estudio de fondo sobre los argumentos esgrimidos por la defensa.
Si el máximo tribunal decidiera hacer lugar al pedido, podría anular la condena y ordenar la realización de un nuevo juicio, total o parcialmente. También podría confirmar la sentencia dictada por las instancias anteriores y dejar firme la pena de 15 años de prisión. Otra alternativa sería rechazar el recurso sin abrir el análisis de fondo.
Por ahora, la condena continúa vigente y Pertossi permanece detenido. El expediente suma así un nuevo capítulo en una causa que marcó un antes y un después en el debate público sobre violencia grupal, responsabilidad penal y el rol de la Justicia en casos de alto impacto.
La decisión final quedará en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si los cuestionamientos técnicos y constitucionales planteados alcanzan para revisar una sentencia que ya fue confirmada en instancias previas. Mientras tanto, la causa vuelve a instalarse en la agenda judicial argentina, con un reclamo que apunta directamente al corazón del proceso: la validez de la condena.
