En una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, se aprobó con media sanción un proyecto de ley que propone llevar adelante campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática en todo el territorio salteño. La iniciativa apunta especialmente a prevenir situaciones que afectan, en su mayoría, a mujeres y diversidades, y se alinea con los principios de la Ley Nacional Olimpia, que incorpora esta problemática dentro del marco de la violencia de género.
El avance legislativo se da en un contexto donde las tecnologías de la información se han vuelto herramientas centrales en la vida cotidiana, pero también espacios donde se replican —y a veces se intensifican— las violencias estructurales ya existentes. Salta no es ajena a esta realidad, y el debate en la Legislatura lo puso sobre la mesa: el acoso virtual, la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas a través de redes sociales o mensajería privada, y otras formas de hostigamiento, son una preocupación creciente.
La autora del proyecto, la diputada María del Socorro López, representante del departamento de Chicoana, destacó que esta forma de violencia es “una realidad cada vez más frecuente en nuestras sociedades”, y que resulta urgente generar herramientas de prevención y contención para quienes la padecen. Según los datos expuestos durante la sesión, un 65% de las mujeres encuestadas manifestó haber sido víctima de algún tipo de agresión digital. Este dato cobra aún más fuerza si se lo vincula con la falta de respuestas institucionales o con la dificultad que muchas veces enfrentan las víctimas para identificar la situación como una forma de violencia de género.
Las campañas que se impulsarán con esta ley no solo estarán destinadas a advertir sobre los peligros del entorno digital, sino también a informar sobre los derechos de las personas y los canales de denuncia disponibles. El objetivo es doble: por un lado, promover el uso responsable de las tecnologías, y por el otro, visibilizar prácticas que muchas veces se naturalizan o se minimizan bajo el discurso de “es solo internet”.
En la actualidad, los dispositivos móviles, redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas digitales se han convertido en una parte inseparable del día a día. Sin embargo, este mismo ecosistema ha abierto la puerta a nuevas formas de agresión. Desde perfiles falsos creados para hostigar, hasta la viralización de contenido íntimo sin consentimiento —una práctica conocida como “pornovenganza”—, las situaciones se multiplican y, con ellas, las víctimas.
Salta ha registrado en los últimos años un incremento en los casos de violencia digital denunciados, aunque se estima que el número real es mucho mayor, debido a que muchas personas no logran o no se animan a realizar la denuncia formal. La falta de información sobre los mecanismos legales disponibles, sumada al miedo, la vergüenza o el desconocimiento, son barreras habituales que enfrentan quienes sufren este tipo de violencia.
Además, se remarcó que, a diferencia de otras formas de agresión, la violencia digital no conoce límites geográficos ni temporales. Puede suceder en cualquier momento del día, desde cualquier rincón del mundo, y replicarse en cuestión de segundos. Esa inmediatez, sumada al anonimato que muchas veces permite el entorno virtual, hace que las consecuencias sean aún más dañinas.
El proyecto prevé que las campañas se implementen en escuelas, instituciones públicas y medios de comunicación, con una mirada transversal y con perspectiva de género. También se propone trabajar en conjunto con organizaciones sociales, especialistas en derecho digital y equipos interdisciplinarios que puedan aportar una visión integral del problema.
Una de las prioridades será llegar a las juventudes, quienes suelen ser las más expuestas a estas situaciones. El grooming, por ejemplo —una práctica en la que adultos se hacen pasar por adolescentes para entablar vínculos con fines abusivos—, es una de las formas más peligrosas de violencia digital, y afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes. Pero no es la única. La presión social para enviar imágenes íntimas (conocida como sextorsión), las capturas de pantalla compartidas sin autorización y los comentarios misóginos en redes también forman parte del mapa de agresiones que se busca visibilizar y erradicar.
Desde el ámbito educativo, se espera que la implementación de estos contenidos contribuya a construir vínculos más respetuosos en los entornos digitales. Las redes sociales, lejos de ser espacios “neutros”, reproducen muchas de las desigualdades de la vida offline, y allí también es necesario trabajar para construir una ciudadanía digital más justa e igualitaria.
En paralelo, también se busca fortalecer la capacitación de operadores judiciales, fuerzas de seguridad y personal estatal, para que puedan atender los casos de violencia digital con una mirada actualizada y sensible. La falta de preparación en estos ámbitos muchas veces genera revictimización o desestimación de las denuncias.
En definitiva, la media sanción del proyecto en Diputados marca un paso importante hacia una política pública integral en Salta que contemple los desafíos del siglo XXI. El camino aún es largo —resta la aprobación en el Senado y la reglamentación posterior—, pero se trata de una señal clara de que el Estado empieza a tomar dimensión del problema.
La violencia digital no es un fenómeno aislado, sino una expresión más de la violencia de género. Y como tal, requiere respuestas firmes, concretas y, sobre todo, preventivas. Con estas campañas de concientización, Salta da un paso en la dirección correcta para proteger a quienes más sufren estas formas de hostigamiento: mujeres y diversidades, cuya voz en el mundo virtual también merece respeto, cuidado y garantías.
