Las fiestas clandestinas volvieron a convertirse en un problema creciente en distintos barrios de Salta y localidades del norte provincial. Entre episodios de violencia, intoxicaciones y accidentes, la preocupación de las autoridades llevó a la Legislatura a impulsar un endurecimiento de las sanciones para quienes organicen eventos sin autorización.
El diputado provincial Guillermo Kripper fue el principal impulsor de la modificación al artículo 124 del Código Contravencional, con el objetivo de cerrar vacíos legales que hoy permiten que muchos organizadores eludan responsabilidades. Según explicó el legislador, "se ha verificado un incremento sostenido de fiestas clandestinas generando situaciones de violencia, abusos, accidentes e intoxicaciones que el Estado no puede desatender".
El nuevo proyecto establece que quienes organicen fiestas ilegales podrán enfrentar multas que van desde 30 hasta 80 días y, en casos graves, arresto. La iniciativa apunta a regular de manera más estricta distintos aspectos vinculados a la seguridad y el control de los eventos, con un enfoque preventivo.
Entre los principales cambios, se destacan:
- La prohibición de eventos en lugares sin habilitación o que no cumplan con las normas de seguridad exigidas.
- La restricción de ingreso o permanencia de menores fuera del horario permitido.
- La limitación del acceso a personas en estado de ebriedad y la sanción por venta de alcohol a quienes ya estén intoxicados.
- La agravación de la pena en un tercio si hay cobro de entrada o fines de lucro.
- La incorporación de responsabilidad solidaria entre organizadores y propietarios del inmueble, evitando que estos últimos se desliguen de los hechos.
La reforma también incorpora criterios objetivos para graduar la pena según el tamaño del lugar, la cantidad de asistentes y la reincidencia, ofreciendo un marco más claro para las fuerzas de seguridad y los juzgados locales. "Esta reforma fortalece la capacidad de prevención del Estado y aporta un marco sancionatorio proporcionado al riesgo real que estas prácticas generan", remarcó Kripper.
La medida llega en un contexto donde las fiestas clandestinas no solo generan inconvenientes vecinales, sino que representan riesgos reales para la salud y la seguridad de los jóvenes salteños. En los últimos meses se registraron incidentes que incluyeron intoxicaciones masivas, peleas y accidentes, lo que volvió a poner en el centro del debate la necesidad de controles más efectivos y sanciones más severas.
El endurecimiento de las multas y la inclusión de arresto como sanción refleja un giro en la política provincial hacia un enfoque más restrictivo frente a los eventos ilegales. La normativa busca, además, desalentar la organización de fiestas clandestinas y garantizar que los propietarios de los inmuebles compartan la responsabilidad con los organizadores.
Además de la prevención de accidentes, la reforma tiene un fuerte componente social, ya que apunta a proteger a los menores y a quienes podrían resultar víctimas de abusos en estos eventos. El control del alcohol y la vigilancia sobre el ingreso de menores son pilares centrales del nuevo esquema sancionatorio, pensado para adaptarse a la realidad de barrios y localidades salteñas donde este tipo de fiestas proliferan.
Especialistas en seguridad y salud pública destacan que, si bien las multas y arrestos son un paso importante, la clave estará en la aplicación efectiva de la ley. Esto implica controles permanentes, inspecciones a locales y campañas de concientización dirigidas a jóvenes y familias. El objetivo es que la norma no quede solo en papel, sino que realmente contribuya a reducir los riesgos asociados a las fiestas clandestinas en Salta.
La modificación del Código Contravencional también abre la puerta a una fiscalización más estricta de los eventos con fines de lucro. Hasta ahora, muchos organizadores lograban evadir sanciones al argumentar que la actividad era “informal” o no comercial, pero con la nueva normativa, cualquier beneficio económico derivado de estas reuniones será considerado un agravante para la sanción.
El debate sobre fiestas clandestinas no es exclusivo de Salta, pero la provincia se encuentra en una etapa crítica donde el aumento de estos eventos ilegales ha generado preocupación entre autoridades y vecinos. La combinación de multas altas, arresto y responsabilidad compartida busca un efecto disuasorio, especialmente en los barrios donde la presencia de jóvenes y adolescentes es alta.
En la práctica, la norma obliga a que los organizadores y propietarios tomen medidas de seguridad adecuadas, controlen el ingreso de menores y limiten la venta de alcohol, mientras que las fuerzas de seguridad tendrán mayores herramientas legales para intervenir en caso de incumplimiento.
Con esta reforma, Salta se suma a otras provincias argentinas que buscan reforzar la legislación frente a fiestas clandestinas, pero con un enfoque adaptado a la realidad local. La intención es clara: reducir los riesgos, proteger a los vecinos y garantizar que la diversión no se transforme en tragedia.
El impacto de estas medidas recién podrá medirse en los próximos meses, cuando las sanciones comiencen a aplicarse de manera sistemática. Mientras tanto, vecinos y autoridades esperan que la combinación de prevención, control y penalización genere un cambio tangible en la dinámica de los eventos clandestinos en toda la provincia.
