En una decisión que pone de manifiesto la tensión creciente entre la provincia de Salta y el Gobierno nacional, el gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado para presentar una acción de amparo con el objetivo de revertir la suspensión de pensiones no contributivas por invalidez que afectaron a cientos de salteños en los últimos meses.
La medida busca frenar lo que desde la administración provincial consideran un “avasallamiento de derechos” por parte del Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al interrumpir sin previo aviso ni justificación formal los beneficios que alcanzan a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
El reclamo judicial incluye no solo el restablecimiento inmediato de las pensiones, sino también la devolución de los montos que fueron retenidos de forma que la Provincia califica como ilegítima. Además, el gobernador solicitó que se realice una auditoría profunda y transparente sobre los procesos de otorgamiento y cancelación de estos beneficios, con el fin de identificar posibles casos irregulares y deslindar responsabilidades.
“En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad. Acá el Estado provincial se planta y defiende a los más débiles”, sostuvo el mandatario, en un mensaje directo hacia Casa Rosada, sin medias tintas. La frase "no pueden pagar justos por pecadores" resume con claridad la postura del Ejecutivo salteño, que entiende que la suspensión masiva de beneficios no puede justificarse con supuestos casos de fraude o mal otorgamiento.
Una decisión que busca impacto federal
La jugada judicial del gobierno salteño se da en medio de un clima social cada vez más tenso, donde los recortes impulsados por Nación en áreas sensibles como salud, asistencia social y discapacidad generan fuerte rechazo en las provincias del norte argentino. En Salta, el impacto de estas medidas es especialmente grave por el contexto socioeconómico: alto índice de pobreza, dispersión geográfica y acceso limitado a servicios básicos en muchas zonas rurales y comunidades originarias.
En este escenario, las pensiones no contributivas por invalidez representan una herramienta clave para miles de familias que dependen de ese ingreso para cubrir gastos elementales como medicamentos, alimentos y movilidad. La suspensión de estos pagos no solo golpea el bolsillo, sino que vulnera derechos esenciales reconocidos por la Constitución y tratados internacionales firmados por la Argentina.
Desde el Ejecutivo salteño afirman que la acción de amparo presentada busca sentar un precedente nacional, ya que la problemática no es exclusiva de esta provincia. Sin embargo, el gobernador Sáenz eligió tomar la delantera en la defensa de los beneficiarios, elevando la disputa al plano judicial con una estrategia que combina firmeza institucional y sensibilidad social.
“No vamos a mirar para otro lado”
Más allá del reclamo puntual, la decisión de acudir a la Justicia refleja una postura política clara: el Gobierno provincial no está dispuesto a tolerar recortes que afecten directamente a los sectores más frágiles. En un contexto donde las tensiones con Nación son moneda corriente, el gobernador refuerza su perfil como defensor de los intereses locales frente a decisiones centralizadas que, según denuncian desde distintos sectores, no contemplan las realidades específicas del interior profundo.
"Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", remarcó Sáenz, quien en los últimos meses endureció su discurso en defensa de la provincia, especialmente frente a medidas que considera unilaterales por parte del Gobierno nacional.
En ese sentido, el mandatario advirtió que, aunque se investiguen posibles casos de pensiones otorgadas de manera irregular, eso no justifica que se eliminen de forma masiva beneficios sin un análisis personalizado. “Una auditoría no puede convertirse en una excusa para recortar derechos a mansalva”, señalan desde el entorno del gobernador.
Una provincia con necesidades urgentes
La situación que atraviesan muchas personas con discapacidad en Salta es crítica. Con dificultades estructurales que vienen de larga data, la suspensión de pensiones agrava aún más una realidad marcada por la exclusión y la falta de oportunidades. En muchas localidades del interior, esos ingresos son la única fuente de sustento para familias enteras.
La respuesta de la Provincia no se limita al plano judicial. Según pudo saberse, también se está elaborando un registro propio de beneficiarios que permita realizar un seguimiento más cercano de los casos afectados, brindar acompañamiento social y garantizar el acceso a la información. “La gente no sabe por qué le cortaron la pensión. Nadie les avisa, nadie les explica. Es inaceptable”, expresaron fuentes cercanas al área de Desarrollo Social.
Además, el Gobierno provincial evalúa mecanismos transitorios de ayuda económica para los beneficiarios suspendidos, mientras se resuelve la cuestión de fondo. Si bien el presupuesto provincial es limitado, las autoridades consideran que el Estado debe dar una respuesta inmediata, aunque sea parcial, para evitar que la situación escale a niveles de emergencia.
La pulseada continúa
Por ahora, no hubo respuesta oficial del Gobierno nacional al amparo presentado por Salta, pero se espera que el tema genere repercusiones en el plano político y judicial. En otras provincias también crece la preocupación por los recortes en el área de discapacidad, y la movida salteña podría incentivar medidas similares en distintos distritos del país.
Mientras tanto, las personas afectadas por la suspensión de las pensiones siguen esperando una solución que les devuelva no solo el ingreso perdido, sino también la tranquilidad. Porque detrás de cada expediente hay una historia, una familia, una vida que no puede quedar atrapada en la lógica fría de un ajuste.
Salta eligió ponerse del lado de quienes no tienen voz en los grandes despachos. Ahora será la Justicia la que deberá resolver si el reclamo tiene sustento legal. Pero, en lo inmediato, el mensaje político ya fue enviado: en esta provincia, los derechos no se negocian.
