El clima dentro del hospital Melchora F. de Cornejo terminó estallando en una tarde que debía estar dedicada exclusivamente a la atención de urgencias. Un joven que había llegado por un malestar físico terminó envuelto en un conflicto inesperado que desembocó en una denuncia penal y una investigación administrativa contra un médico del nosocomio. Lo que comenzó como una consulta por un dolor en el brazo derivó en un episodio de violencia que hoy sacude a la institución y abre un fuerte debate sobre el trato a los pacientes y el funcionamiento de las guardias en el sistema de salud.
Según la denuncia formal, el paciente —identificado como Pablo Saravia— aguardaba desde hacía varios minutos en la sala de emergencias sin recibir asistencia, pese a que llevaba el brazo inmovilizado por una fractura previa y aseguraba sentir un dolor creciente. El joven relató que, ante la falta de respuesta y al ver que su malestar se intensificaba, optó por ingresar por su cuenta al consultorio donde debía ser atendido. Lo que vio al entrar, siempre según su versión, fue lo que detonó el conflicto: el médico de guardia y una enfermera se encontraban en una situación que consideró íntima e inapropiada para el ámbito laboral. Convencido de que esa escena explicaba la demora, reclamó atención inmediata y cuestionó la actitud del personal.
A partir de ese momento, la situación se habría desbordado. Saravia sostiene que el profesional reaccionó de forma agresiva ante su reclamo, iniciando primero una discusión verbal que escaló en cuestión de segundos. De acuerdo con lo que denunció, el médico terminó propinándole un golpe directo en la cara, específicamente en la zona de la mandíbula izquierda. El impacto fue tan fuerte que, más tarde, los estudios médicos confirmaron una fractura mandibular y la pérdida de piezas dentales. El joven asegura que, tras el golpe, fue retirado del consultorio en medio de insultos y amenazas para evitar que formalizara una denuncia.
El muchacho finalmente pidió auxilio en el mismo hospital y desde allí intervino la Policía, que lo acompañó hasta la comisaría para radicar la exposición correspondiente. Las imágenes de su rostro lesionado circularon rápidamente entre sus allegados, lo que intensificó la indignación y generó un pedido de explicaciones hacia la conducción del establecimiento de salud.
Tras conocerse el incidente, las autoridades del hospital se comunicaron con Saravia para garantizarle la asistencia médica que no había podido recibir en primera instancia. Fue derivado a la capital provincial, donde especialistas confirmaron tanto la lesión original en el brazo —que efectivamente estaba fracturado— como el daño en la mandíbula que habría sufrido durante el altercado. La combinación de ambas dolencias obligó a una doble intervención médica y a un seguimiento más completo de su estado de salud.
A nivel institucional, el caso generó una reacción inmediata. Aunque no se difundió un comunicado oficial, desde la dirección confirmaron de manera informal que el médico involucrado fue separado preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación interna. Esta medida se adoptó como resguardo a la espera de determinar con claridad cómo se desarrollaron los hechos, ya que la versión del profesional contradice por completo la denuncia del paciente.
El doctor Aparicio —identificado por Saravia como el agresor— rechaza las acusaciones y asegura que fue el joven quien irrumpió de forma violenta en el consultorio. Según el relato del profesional, el paciente intentó empujar a la enfermera y generó un clima de tensión que lo obligó a intervenir para protegerla. De acuerdo con esta postura, el forcejeo habría sido una respuesta defensiva ante una supuesta agresión previa por parte del denunciante.
Esta contradicción entre ambas narraciones vuelve central el rol de los testigos. En el momento del incidente había otras personas en los pasillos de la guardia, quienes ya comenzaron a ser relevadas por los investigadores internos del hospital. Sus testimonios, junto con lo que surja de las pericias médicas y administrativas, serán claves para determinar qué fue lo que realmente ocurrió en ese consultorio y qué responsabilidad le cabe a cada uno de los involucrados.
El caso también puso sobre la mesa un tema que preocupa a quienes utilizan el sistema público de salud: la calidad de la atención en las guardias, especialmente en jornadas de alta demanda. No es la primera vez que los usuarios reclaman demoras, falta de personal o situaciones que consideran inapropiadas dentro de los consultorios. En este contexto, un hecho violento como el denunciado profundiza la sensación de vulnerabilidad de los pacientes y obliga a las autoridades a revisar los protocolos de funcionamiento.
Las autoridades sanitarias suelen insistir en la importancia del profesionalismo y la contención dentro de los establecimientos públicos, pilares que se ven seriamente cuestionados cuando surgen episodios como este. Para muchas personas, acudir a una guardia implica hacerlo en un momento de angustia o dolor, por lo que el trato humano y la rapidez en la atención son fundamentales. La denuncia de Saravia, más allá del desenlace judicial que pueda tener, expone con crudeza lo que ocurre cuando ese vínculo entre pacientes y personal de salud se fractura.
La investigación continúa abierta y todo indica que demandará varias semanas de trabajo, tanto por la complejidad del incidente como por la necesidad de garantizar un procedimiento transparente. Las pericias médicas sobre la lesión en la mandíbula, los informes administrativos internos y las declaraciones de los testigos serán determinantes para esclarecer lo sucedido.
Mientras tanto, el hospital mantiene al profesional apartado de sus tareas, una decisión que busca evitar conflictos adicionales y preservar el normal funcionamiento del servicio. El joven lesionado, por su parte, espera una evolución favorable en su recuperación y confía en que la justicia avance para que lo ocurrido no quede impune.
El episodio, que comenzó con una urgencia médica común, terminó convirtiéndose en un escándalo que abrió un fuerte debate sobre el funcionamiento del sistema de salud y los límites del comportamiento profesional dentro de un ámbito que debería estar dedicado exclusivamente al cuidado de las personas. La comunidad espera ahora que la investigación brinde respuestas claras y que se tomen las medidas necesarias para evitar que una situación de violencia como esta vuelva a repetirse.
Fuente: Actualidad Rosarina
